Organizaciones civiles ambientalistas hicieron un llamado hoy al Congreso de la Unión para que retomen, de manera seria e integral, la discusión sobre la iniciativa de «Ley de promoción y desarrollo de bioenergéticos», incorporando a otros sectores de la sociedad.
Pidieron también coherencia al Gobierno federal que, por un lado, vetó esta Ley pero por otro ha abierto el camino para la producción de etanol a base de maíz.
En conferencia de prensa, convocada por la Fundación Heinrich Böll; Greenpeace; Oxfam Internacional; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC) y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, manifestaron su preocupación ante la inexistencia de una política de Estado que contemple la transición energética.
Al respecto, Jorge Villarreal, de la Fundación Böll señaló que en la medida en que se cuente con una política de Estado con un enfoque integral sobre el proceso de desarrollo energético en el país, se podrá permitir el desarrollo, promoción y fortalecimiento de otros sectores económicos involucrados en este proceso de diversificación energética, entre ellos el campesino.
De acuerdo con los expertos de estas organizaciones, la iniciativa de Ley aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados en abril de 2006, pero vetada en semanas anteriores por el Ejecutivo Federal por considerar que se enfocaba únicamente al sector agrícola, no contemplaba una participación de otras entidades federativas ni a los pequeños productores.
Por ello, «celebraron» el veto calderonista a la iniciativa de Ley, por considerar que es una oportunidad para abrir la discusión a los sectores académico, científico, del campo y social y enriquecerla.
Aunque para Susana Cruickshank, de Oxfam Internacional, detrás de este veto presidencial existen «muchos intereses de grandes industrias productoras de maíz en la generación de etanol que, por supuesto, no contemplan a los pequeños productores», con lo que se genera un riesgo para la seguridad y soberanía alimentarias.
Gustavo Ampugnani, de la organización Greenpeace, consideró indispensable retomar la discusión de la iniciativa y de otra sobre energías renovables, «congelada» en el Senado desde 2005.
«En el caso particular de Greenpeace, creemos que esta Ley que está congelada en el Senado debe destrabarse, por supuesto requiere ciertas modificaciones y debe ser más concreta sobre la promoción de bioenergéticos», señaló Ampugnani, quien también se pronunció por una reforma al sector energético.
«Lo que también se requiere es reformar el sector energético para que se permita la generación y distribución de energía a partir de las cuentas renovables como la energía eólica o la solar», apuntó.
Las y los especialistas consideraron que una de las prioridades del gobierno debe ser la mejora del transporte público y desincentivar el uso del automóvil «antes de pensar en promover (como se está haciendo) una política de biocombustibles que, por sí sola, no resolverá el problema de la disminución de gases tóxicos.
Susana Cruickshank, de Oxfam, enfatizó que lo que estas organizaciones proponen son políticas integrales de Estado. Por un lado, señaló, las energías renovables y por otro todo lo que es biocombustibles aunque aclaró que no necesariamente a partir de maíz.
Hizo un llamado para que México deje de consumir petróleo y fuentes fósiles y empiece con las renovables pero, insistió, no a costa de la producción alimentaria, no a costa del maíz.
MÉXICO NO DEBATE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Por otra parte, las y los ambientalistas manifestaron su preocupación ante la inexistencia en México de un debate sobre transición energética de manera sustentable.
Al respecto, Jorge Villarreal de la Fundación Böll enfatizó que este debate «ni siquiera existe en México y el gobierno federal no lo tiene en su agenda», lo cual consideró como «alarmante», ya que se prevé un agotamiento en las reservas de petróleo en menos de una década.
Ante este panorama, aseveró, «no se han tomado medidas estrictas sobre ahorro, consumo y generación de energías alternativas, de energías renovables que desde el punto de vista de la Fundación Böll y otras organizaciones a nivel nacional e internacional es la única medida para la transición energética».
Para Villarreal, el «fondo del asunto» es entrar a la transformación del sistema energético del país, que tiene que ver en cómo se produce la energía alternativa al uso de fósiles, por lo que tiene que haber una política más «agresiva» en términos de ahorro y un cambio en la cultura del consumo.
Finalmente, las y los expertos coincidieron en que los biocombustibles no «son la panacea» para la reducción de la emisión de gases tóxicos y lamentaron que se «hayan vendido así».
Gustavo Ampugnani observó que no debe perderse de vista que el objetivo principal tiene que ser la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que es lo que está propiciando el calentamiento global y los cambios drásticos en el clima e insistió: «para esto los biocombustibles no van a solucionar el problema».
En su opinión, se requiere de una política integral energética que promueva prioritariamente y con mayor fuerza el uso de energías renovables así como un proceso de «despetrolización» de México, porque «la matriz energética de México está muy volcada a los combustibles fósiles, al uso del petróleo, el carbón y el gas».
07/LGL/GG
