Negativa generalizada a causal de aborto por violación

Cada año en América (conformado por 34 países) 185 mil mujeres reportan ser víctimas de violación; no obstante, sólo ocho naciones del continente permiten el acceso al aborto legal en caso de agresión sexual, alertó el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), organización internacional con sede en Estados Unidos.
 
Como parte del reporte periódico que CDR presenta sobre el estado de los derechos sexuales y reproductivos en América, en esta ocasión se destacó que a pesar de las estadísticas y la evidencia en la alta incidencia de violencia sexual y sus repercusiones en la salud, la mayoría de programas en los países para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres no incorporan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
 
En su hoja informativa, CDR señaló que en la mayoría de las naciones del continente, en particular de América Latina (AL) y el Caribe, existen leyes que “criminalizan” los servicios sexuales y reproductivos, pues niegan el aborto incluso cuando es producto de una violación, y limitan el acceso a anticonceptivos al basarse en “estereotipos” sobre el control del cuerpo de las mujeres, que perpetúan el “estigma y la discriminación” contra ellas.
 
Tales normativas –según CDR– también violan múltiples tratados internacionales, incluyendo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará.
 
Sólo en México, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, el aborto está permitido a nivel nacional en caso de violación sexual.
 
En la región, aproximadamente más de un tercio de las mujeres reportan haber experimentado violencia en el hogar o violencia sexual por parte de una persona diferente a su pareja, lo que se traduce en que en el transcurso de sus vidas una de cada 10 mujeres será víctima de violencia sexual.
 
De acuerdo con registros oficiales, al año 185 mil mujeres y niñas reportan ser víctimas de violación. CDR advirtió que diferentes investigaciones de organizaciones como Amnistía Internacional señalan que sólo el 11 por ciento de los crímenes de este tipo son denunciados ante las autoridades.
 
Por ello, CDR estimó que la verdadera cifra alcanzaría un millón 680 mil violaciones sexuales al año en el continente.  
 
CDR destacó que la Organización Panamericana de la Salud ha reconocido que el abuso y la violencia sexual son problemas de salud reproductiva que afectan la calidad de vida, generan problemas emocionales y de conducta, y complican tanto el embarazo como el parto.
 
La negación de estos servicios exclusivos para las mujeres, no solamente reduce el rol de las mujeres a la maternidad, sino también constituye una violación sistemática de sus Derechos Humanos (DH), “causándoles sufrimiento físico y psicológico”, reprochó CDR.
 
Finalmente llamó a los Estados a adoptar medidas para reconocer que los derechos sexuales y reproductivos se basan en otros DH fundamentales como el derecho a la salud; a estar libre de discriminación; el derecho a la privacidad; a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de forma libre y responsable el número, intervalo y tiempo para tener hijos; y contar con la información y los medios para hacerlo.  
 
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