“Negligencia” de Segob y PGR para proteger a Anabel Hernández

La periodista Anabel Hernández denunció que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no tienen interés en proteger la vida de las y los comunicadores.
 
En un texto publicado en la revista Proceso, la reportera acusó que a pesar de las amenazas en su contra no recibe protección gubernamental, por lo que aseguró que su caso es muestra de la “negligencia criminal” de las autoridades y una razón de que en el país se siga asesinado y amenazando impunemente a defensores de Derechos Humanos y periodistas.
 
La informadora escribió: “Me encuentro en medio de dos fuegos. Entre quienes me amenazan de muerte desde hace casi tres años en represalia por mi trabajo de periodista, y funcionarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob)”.
 
En su artículo “Yo soy la V146” (en referencia a que las autoridades la colocan como la víctima número 146), Hernández acusó a los funcionarios del mecanismo de ser negligentes en el papeleo burocrático para mantener a los escoltas que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) le asignó desde 2010, luego de que una fuente le informó que el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pretendía asesinarla.       
 
De acuerdo con la periodista, el GDF le otorgó los escoltas pero a principios de este año le notificó que declinó su competencia y envió la averiguación previa a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que los presuntos responsables, García Luna y otros funcionarios, eran servidores públicos federales cuando los hechos ocurrieron.         
 
En febrero pasado, la PGR fue informada de que la Policía Federal, a la que Anabel Hernández acusa de las amenazas en su contra, sería la encargada de protegerla, por lo que ella pidió entrar al mecanismo de protección de la Segob.
 
El caso fue aceptado por la Junta de Gobierno del mecanismo el pasado 23 de abril; luego el 2 de mayo se le envió a Anabel el oficio CEN/142/2013 con el que se le otorgan nueve medidas de protección, cuatro de las cuales no se aplicaron.
 
En su texto publicado la semana pasada, la reportera narró el hostigamiento contra ella y su familia, y detalló que gracias a la intervención de grupos civiles e instancias internacionales aún cuenta con sus escoltas federales, aunque no sabe por cuánto tiempo. “Las leyes en el papel no sirven si no se aplican”, criticó.
 
Hernández denunció que para este año el mecanismo tiene un presupuesto por 123 millones de pesos y que su coordinador ejecutivo nacional, Juan Carlos Gutiérrez, tiene un sueldo mensual bruto de 146 mil 543.64 pesos, más el apoyo económico para un vehículo hasta por 7 mil 500 pesos al mes, y un teléfono celular por un monto máximo mensual de mil 850 pesos.
 
Ante estos recursos y la falta de implementación de sus medidas de protección, Anabel afirmó: “(Gutiérrez) no merece el cargo ni el dinero”.
 
13/AGM/RMB