La comparecencia en el Senado de los secretarios del Trabajo, Economía, Energía y de Medio Ambiente dejó al descubierto que los múltiples accidentes en minas de Coahuila se deben a la negligencia y falta de voluntad de las autoridades para garantizar condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores del carbón, acusó la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).
En comunicado de prensa, la OFPC indicó que ayer los servidores públicos, junto con los directores de la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no rindieron cuentas acerca de la problemática de la minería del carbón y tampoco explicaron las causas de la tragedia ocurrida en el pozo 3 de San Juan Sabinas, donde el mes pasado murieron 14 mineros.
En la comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente en Senado de la República «el discurso y la palabrería» de los funcionarios, entre ellos, Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, «evade el fondo: la negligencia y falta de voluntad política», que propician las condiciones de «ilegalidad» en las que son empleados cientos de mineros de la región.
La mayoría de las muertes de mineros son ocasionadas por las condiciones inseguras en las que son obligados a trabajar, asegura la OFPC.
El Pocito 3 propiedad de Beneficios Internacionales del Norte (BINSA), constituida en febrero de 2007, registró a sus trabajadores en el IMSS hasta octubre de 2010, es decir, operó más de tres años y medio sin cumplir con sus obligaciones patronales, refiere.
En el documento titulado Informe sobre el Pocito 3, la OFPC indica que éste explotó el pasado 3 de mayo y que forma parte de un centro de trabajo que funciona desde hace al menos un año, según la evidencia técnica y los testimonios de los trabajadores, por lo que la explicación dada por las secretarías del Trabajo y la de Energía de que el pocito sólo tenía 18 días operando, es falsa.
Esto significa, sostiene la OFPC, que existen más de cien trabajadores que laboran en este centro de trabajo en condiciones de riesgo para su salud y su integridad física, debido a las «deplorables» condiciones en las que funcionan los pocitos, por no estar registrados en el IMSS, pero sobre todo por «la miopía de las autoridades, que pretenden reducir la problemática y su actuación a las 14 familias de los mineros que fallecieron y del niño lesionado».
El siniestro en el Pocito 3, afecta a más de un centenar de familias, las cuales deben de ser indemnizadas conforme a derecho por las empresas responsables, señaló la OFPC.
De acuerdo con la investigación y análisis realizado por la organización, ningún pocito de la región carbonífera cumple la Norma Oficial Mexicana (NOM-032) para minas subterráneas de carbón, por lo que deben prohibirse. La OFPC señala que destinar recursos del erario público para que quienes explotan los pozos inviertan en seguridad no es conveniente porque «está probado que los pocitos por su propia estructura no pueden ser seguros», advierten.
Ante este panorama, representantes de la organización se reunirán hoy con el secretario de Gobierno, Francisco Blake Mora, quien se comprometió a dar respuesta en un «par de días» al rescate de los restos de los 63 mineros sepultados en Pasta de Conchos, Coahuila, desde febrero de 2006.
11/GCJ/LGL
