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Ni los ven, ni los oyen

Por Nashieli Ramírez Hernández*

El 17 de mayo, en sesión pública ordinaria, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve a favor del amparo promovido por Magdalena García y ordena su libertad inmediata.

La cobertura mediática fue amplia, actualizando lo que seguramente para muchas personas ya estaba en el olvido: el caso de un niño violado en el Instituto San Felipe de Oaxaca en el 2006.

Los debates más visibles son los que colocan la discusión en la arena de Laura Bozzo, es decir en el pasado y el presente de la mamá; y en las relaciones políticas de la maestra, en las posiciones de figuras públicas como Diódoro Carrasco y María Elena Morera.

Los menos se enfocan a lo esencial, que es colocar a la víctima en el centro. En este caso, un niño que ha vivido más de la mitad de su existencia con las secuelas de un abuso sexual y en medio de un debate que lo hace público y los miles de niñas y niños que en nuestro país sufren agresiones sexuales en su casa, en su escuela o en su iglesia.

La Corte debatió sobre la complicidad de la maestra en los actos de violación perpetrados por su marido y el maestro de computación, hoy prófugos.

Es decir, la resolución se centró en la participación de la maestra en la violación, y en este caso la única prueba que contenía el expediente era la declaración del niño señalándola como la persona que lo llevaba al salón en donde era abusado sexualmente.

Es decir, los ministros discutieron sobre el peso que tienen las declaraciones de las víctimas de violación menores de edad y para la desgracia del niño de Oaxaca, como para la de muchos otros, decidieron que los dichos y las palabras de las niñas y los niños no son prueba fundamental y suficiente para proceder ante un hecho delictivo.

Durante el debate, el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, señalaba que “los niños, tienen derecho a ser escuchados, y ese derecho no se hace efectivo si su testimonio no es debidamente valorado, y no se valora debidamente si no se hace a la luz de su progresiva autonomía, ni si sólo por su edad o su vulnerabilidad ante los adultos, se le niega credibilidad a lo que dice, y por la salida fácil de descalificarla, señalándolo como un niño aleccionado, manipulado, sin siquiera ofrecer alguna prueba en ese sentido”.

Se trata, afirmaba, “de sentar un importante precedente judicial acerca de la especial forma de ponderación que debe realizarse en casos de niños víctimas de delitos –especialmente de delitos sexuales–”.

Agregaba que las legislaciones “no han sido adecuadas para reflejar las medidas específicas que deben tomarse en casos judiciales que involucren a niños, especialmente cuando son víctimas, pero esas omisiones ni pueden ser pretexto o causa legal para negar al testimonio infantil, el importante peso que tiene en los procesos judiciales, máxime cuando se advierte su credibilidad, ni impide que los juzgadores, a través de nuestra interpretación de derecho hagamos efectivos los mismos en favor de la niñez”.

No obstante a lo anterior, ocho ministros no acompañaron la posición de Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar, y votaron una resolución que deja abierta la puerta para desestimar los testimonios infantiles, y por lo tanto pone en riesgo procesos presentes y futuros.

Hace unos días una persona querida me preguntaba: “¿quién dice la verdad, la mamá o la maestra?”. Y yo contesté que el niño. Lo que pasa es que en este país la mayoría de los ministros y los adultos… ni los ven, ni los oyen.

*Directora de Ririki Intervención Social. Experta en infancia, adolescencia y sus derechos.

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