Seis de las ocho mujeres que fueron encontradas sin vida en un predio algodonero el pasado 6 y 7 de noviembre no están muertas, ni desaparecidas. Es la conclusión a la que se puede llegar luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua dio a conocer los resultados de las pruebas de ADN practicadas a las osamentas.
De acuerdo con la versión publicada en el Diario de Juárez, la titular de la Fiscalía Especial para la Investigación de los Homicidios de Mujeres, Ángela Talavera Lozoya señaló que «los resultados de las pruebas de ADN practicadas por la Procuraduría General de la República (PGR) no son concluyentes».
Toda vez, dijo, que «hubo diversos factores que afectaron el proceso científico, entre los que se encuentran factores ambientales naturales como la temperatura, el PH, materia orgánica, tiempo post mortem y componentes del suelo».
Lo expresado por la funcionaria de la procuraduría estatal «es una muestra más de la falta de seriedad con la que las autoridades han manejado tanto las pruebas como las investigaciones en estos casos», sostuvo la dirigente de la organización de familiares de las víctimas Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Marisela Ortiz.
Ortiz indicó que desde mayo pasado, en una visita que realizaron las integrantes de la organización a las oficinas de la PGR en esta ciudad, el director de Ministerios Especializados de dicha dependencia, Javier Osorio y Nieto, les notificó que ninguna osamenta correspondía a las pruebas de sangre que fueron solicitadas a las familias de las víctimas.
Entonces, explicó Ortiz, la procuraduría del estado señaló que eran falsas las declaraciones hechas por el funcionario federal a las familias de las víctimas.
Las denuncias y la presión que las organizaciones civiles hicieron a las autoridades estatales para conocer el resultado de las pruebas de ADN, «los cuales nunca nos han entregado», hizo que la Fiscalía Especial les solicitara de nueva cuenta en agosto las muestras de sangre «para salir de dudas».
Hoy, tres meses después, Ortiz, familiar de una de las jóvenes, exclamó: «es increíble que ahora digan que los resultados de las pruebas no son concluyentes, cuando en la PGR nos han informado que la máquina que realiza este tipo de exámenes es concluyente en sus resultados».
Por su parte, Ximena Andión, integrante de la campaña «Alto a la impunidad: ni una muerta más», sostuvo que es grave el hecho de que las osamentas no coincidan con la identidad de las víctimas, toda vez que la propia procuraduría del estado «identificó plenamente a los cuerpos y se los entregó a los familiares».
Aunado al daño moral que este tipo actos representa para las familias, el resultado de las pruebas de ADN de la PGR echa por tierra la tesis de la procuraduría estatal —armada en una semana— donde los presuntos homicidas declaran, bajo tortura, haber asesinado a las ocho mujeres, expresó Andión.
Otro asunto igualmente grave, sostuvo la directora del área de defensa jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, es que si se desconoce la identidad de las víctimas en la procuraduría estatal de facto se detiene la investigación, porque ni están muertas ni desaparecidas.
Hasta el momento, a decir de la fiscal especial, Ángela Talavera, las pruebas de ADN «muestran el posible parentesco» de Verónica Martínez y Brenda Esmeralda Herrera Monreal con las muestras de sangre que proporcionaron los familiares.
Mientras que Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos, Guadalupe Luna de la Rosa, Bárbara Araceli Martínez Ramos, María de los Ángeles Acosta Ramírez y María Juliana Reyes Solís, siguen esperando justicia.
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