Madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, rechazaron las disculpas ofrecidas por autoridades federales y estatales durante un acto hoy en el predio conocido como Campo Algodonero, para honrar la memoria de las víctimas y que fue ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano.
Esta mañana se realizó un acto público en Juárez en memoria de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, quienes fueron encontradas sin vida en ese predio en 2001. Por este caso la CoIDH sentenció a México por violaciones a los Derechos Humanos (DH) en noviembre de 2009.
En la sentencia la Corte ordenó al Estado mexicano realizar un acto de «reconocimiento de responsabilidad internacional», y erigir un monumento en memoria de las mujeres asesinadas y desaparecidas desde 1993 en Ciudad Juárez.
El evento oficial se llevó a cabo sin el memorial listo, sin la presencia de autoridades de alto nivel y con el descontento de organizaciones civiles por los DH de las mujeres.
En entrevista desde la ciudad fronteriza, Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres, una de las organizaciones presentes, acusó que el acto fue una simulación para dar cumplimiento a la sentencia de la CoIDH.
Criticó la ausencia de funcionarios de alto nivel de los tres poderes de gobierno y la falta de avances en las investigaciones de los tres casos de feminicidio.
La activista enfatizó que desde hace dos años que se dictó la sentencia no hay avances en las investigaciones de los crímenes, «situación que continuará mientras se siga generando la simulación».
Del 1 de enero al 3 de octubre de este año, la Red Mesa de Mujeres ha documentado 171 casos de feminicidio y actualmente apoya las pesquisas de dos desapariciones ocurridas entre junio y julio pasados: la de una adolescente de 17 años y la de una joven de 19.
«Estas familias acusan que (las autoridades) no quieren localizar a sus hijas asesinadas como ocurrió en los tres casos de Campo Algodonero», aseguró la defensora de DH, quien criticó que este acto debió ser televisado a nivel nacional para que se evidenciaran las deficiencias del Estado.
Cecilia Espinosa detalló que en la ceremonia celebrada en Campo Algodonero –donde hace 10 años fueron encontrados ocho cuerpos–, ubicado en la avenida Ejército Nacional esquina con avenida Paseo de la Victoria, activistas, amigos y familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio se negaron a perdonar al Estado mexicano.
La sentencia de la CoIDH contempla tres de los ocho casos de feminicidio. Los asesinatos de María de los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia, y otra mujer aún no identificada no entraron en la resolución. No obstante, la familia de Merlín asistió al evento para manifestar su repudio.
PURO SEGUNDÓN
Estuvieron presentes Dilcya García, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Sara Irene Herrerías, procuradora social de Atención a las Víctimas del Delito.
Además participaron otros funcionarios estatales y locales, pero no estuvieron Felipe Calderón ni el gobernador de Chihuahua, César Duarte. José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, una joven de 19 años desaparecida desde 2009, dijo que ese acto no fue de justicia para su hija, ni para las hijas de las demás madres y padres presentes.
El Comité de Madres y Padres de Hijas Desaparecidas también se presentó para criticar la impunidad y la falta de sanción para los responsables de los casos de feminicidio, y para exigir que sus hijas aparezcan con vida. Asistieron madres de otras mujeres desaparecidas, quienes reclamaron que sus hijas también sean nombradas en el memorial.
El Instituto Chihuahuense de la Mujer informó que para la construcción del memorial, que aún no está listo y se prevé se concluya en 2012, la Conavim aportó 14 millones de pesos (mdp) y el gobierno del estado aportó 6 mdp. Se adelantó que la artista Verónica Leiton realizará la escultura conmemorativa.
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