El caso de Transporte de material nuclear por el Canal de Panamá, ni el de la afectación del Santuario del río Cruces que provocó la mortandad de miles de cisnes de cuello negro en el último año en Chile, tuvieron representaciones oficiales en su defensa, durante su presentación aquí ante jueces del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).
Los ambientalistas panameños, Susana Sarracín y Raúl Escoffery, de ISCA de Panamá (Iniciativa de la Sociedad Civil para el Ambiente) denunciaron que los 2.8 millones de panameños viven prácticamente en una «ruleta rusa» porque su canal es utilizado por empresas de Estados Unidos, Londres, Japón y Francia para transportar material radioactivo, como uranio y plutonio.
En el segundo día de la audiencia pública del TLA, los ambientalistas explicaron los peligros a los que se expone la población cada vez que una empresa de transporte marítimo acepta un contrato para entregar material radioactivo.
Aseguraron que aunque este problema es viejo ya que la primera denuncia que se hizo a nivel internacional ante la ONU fue en 1984 no fue sino hasta el 2000 que las acciones ciudadanas se intensificaron y se han interpuesto diversas demandas y quejas ante diferentes instancias sin respuesta alguna.
Tanto Sarracín como Escoffery coincidieron en opinar que el oscurantismo y el secretismo con el que se maneja el gobierno de Panamá a este respecto es muy sospechoso, ya que cada vez que hacen una denuncia reciben la misma respuesta oficial en el sentido de que las medidas de seguridad que se toman son las recomendadas para estos casos.
A través de una extensa demostración de las decenas de cartas y denuncias que han enviado y realizado ante más de 30 organismos no gubernamentales del Mundo, así como pruebas de los documentos que han exhibido a las autoridades panameñas alertándolos sobre el riesgo del transporte de material radioactivo, los exponentes aseguraron que la preocupación que tienen es muy fuerte.
Sarracín dijo que hasta ahora el gobierno no tiene voluntad política de detener a las empresas de transporte que aceptan esos contratos, las cuales están perfectamente identificadas.
Escoffery a su vez dijo que hasta el 2000 se realizaban en promedio 12 envíos de material radioactivo a través del Canal, pero ahora la cifra es de tres por año, lo que aseguró no deja de ser un riesgo.
Ambos exponentes aseguraron que el problema no es económico, ya que el costo del peaje de un barco promedio es de 50 mil dólares y el gobierno panameño se queda con la mitad de esta suma.
«A los barcos se les cobra por el peso y en este caso los barcos transportistas de material radioactivo son pequeños así que la economía del gobierno no se deterioraría con suspender el paso o negarles el permiso», especificó Escoffery
A su vez Sarracín, abogada de ISCA, comentó que estos barcos pueden usar el canal de Suez para llegar a su destino o viajar por el Cabo de Hornos, pero que no lo hacen porque en el primero se les piden garantías ilimitadas, es decir una especie de seguro costosísimo que cubra los daños en caso de un accidente y en el segundo Argentina prohibió desde hace varios años el paso de cualquier barco con material radioactivo.
Los jurados interrogaron a los exponentes sobre las diversas acciones que han realizado al respecto y las veces que han presentado el problema ante el gobierno panameño.
En este tercer caso revisado por el TIA de nueva cuenta fue notoria la ausencia de la parte demandada, ya que el gobierno de Panamá no envió respuesta alguna pero si se recibió una carta de una de las empresas transportistas la J. Clarke en la que asegura que más adelante enviará una serie documentos donde prueba la seguridad con que trabajan sus barcos.
MORTANDAD DE CISNES
La noche de este lunes, el ex profesor de economía forestal de la Universidad Austral de Chile, Benjamín Bolivares, presentó la acción por los cisnes del río Cruces, cuya mortandad es motivo de preocupación por la contaminación del agua por parte de la empresa de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Bolivares señaló que la planta industrial procesa cada año la cantidad de 550 mil toneladas de celulosa blanqueada, por lo que cada día utiliza 77 millones de metros cúbicos de agua al día, los cuales son vertidos al río Cruces, un humedal que tiene características de marisma.
Sabemos que un mínimo error ante tales cantidades de agua ha sido el motivo principal de la mortandad de cisnes de cuello negro, ya que en 2004 había seis mil de esas aves en el área y hoy sólo sobreviven 160, además de afectar dos mil hectáreas de luchecillo.
Dijo que un mal funcionamiento de la planta de tratamiento terciario de la empresa provocó que se vertiera aluminio y clorato, que en grandes cantidades se convierte en herbicida provocando la muerte de las plantas del lugar, alimento principal de los cisnes de cuello negro.
Aunado a ello, Bolivares dijo que la población de Valdivia comunidad de unas 140 mil personas, tienen miedo ya que esta contaminación por aluminio y cloros provocan la presencia de otras sustancias altamente tóxicas y cancerígenas, que son mutagénicos, como las dioxinas y furano.
El problema ahora es que no sabemos que va a pasar en el futuro, por lo que decidimos denunciar el caso ante el TLA, buscamos justicia «pues se trata de una ventana más que nos permite mostrar una cuestión aberrante que hoy puso en riego a los cisnes y otras especies, pero que después podría poner en riesgo la vida de los habitantes del lugar», señaló más tarde en entrevista.
06/SJ-LG/LR
