Cuatro niñas, de entre 10 y 14 años fueron abusadas y embarazadas por parientes cercanos. Por casos como éste, médicos y defensoras de las mujeres testimoniaron sobre los efectos de la prohibición del aborto terapéutico ante una delegación de Amnistía Internacional (AI), la cual, en voz de Kate Gilmore, alto cargo de AI, anunció una campaña internacional para restituir este derecho, mientras calificó la proscripción de cruel y cínica.
Gilmore, quien no logró reunirse con el presidente Daniel Ortega, declaró en conferencia de prensa que ni el gobierno ni las y los diputados que votaron para la penalización total del aborto asumen su responsabilidad por los efectos de esta ley. Por el contrario, todos reconocieron sin rodeos que la aprobaron para ganar el apoyo de las jerarquías religiosas; actitud calificada por la funcionaria como un artefacto cruel y cínico.
Desde México, se reportan declaraciones de Gilmore en el sentido de que la prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza. Es un escándalo de derechos humanos que ridiculiza a la ciencia médica y distorsiona la ley, al ser un arma en contra de la prestación de servicios esenciales de atención médica a niñas embarazadas y mujeres.
LOS EFECTOS DE LA PROHIBICIÓN
Durante su visita a Nicaragua, en la semana del 20 al 16 de julio, Amnistía Internacional recogió el testimonio de un médico que dijo rezar para no tener que enfrentarse con una mujer cargando un embarazo anencefálico pues, por temor a la persecución, tendría que recomendarle llevarlo a término, a pesar de que —por la ausencia de cerebro— el producto no es viable.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) de Nicaragua denunció, meses atrás, el caso de una mujer que terminó divorciada, sin empleo y con un trauma psicológico, después de que un médico del Ministerio de Salud la presionara para llevar a término el embarazo. De igual manera, denunciaron que, de las 413 víctimas que sufrieron violencia sexual, de 80 a 87 por ciento tenía entre uno y 20 años de edad, terminando muchas de ellas embarazadas.
De acuerdo con la investigación de AI en Nicaragua, en lo que va de 2009 fallecieron por complicaciones del embarazo 13 mujeres más de las 20 reportadas por el Ministerio de Salud. Según esta institución, habían reducido en 58 por ciento la mortalidad materna. Además de todos los casos de muertes maternas registradas oficialmente en 2008, 12 hubieran podido salvarse si se les hubiera interrumpido el embarazo.
Amnistía también encontró inaceptable que el Estado nicaragüense mantenga abierta una causa en contra de nueve feministas acusadas por haber defendido la vida de una niña embarazada.
Guillermo González, ministro de Salud y el único funcionario que recibió a la comisión de Amnistía, conformada por seis especialistas de diferentes países, afirmó que la prohibición del aborto terapéutico no ha tenido ningún impacto en la cifras de muertes de mujeres por causa de embarazos. No obstante, el conclusivo de AI afirma que las estadísticas oficiales de Nicaragua en este particular no son creíbles.
GARANTIZAR DERECHOS DE MUJERES
Entre los principales llamados de Amnistía al gobierno destacan la restitución del derecho de las mujeres a garantizar servicios de salud seguros y accesibles a las mujeres –cuya vida está en riesgo producto de un embarazo–, el respeto a los derechos de las defensoras de los derechos humanos, y a que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre los recursos de amparo presentados por diversas organizaciones civiles.
Al concluir la visita, la señora Gilmore anunció que Amnistía realizará una campaña ante la comunidad internacional, gobiernos e instituciones donantes para que cesen los abusos graves contra mujeres, niñas y niños, de manera que presionen al gobierno de Nicaragua a restituir los derechos conculcados y que afectan a varias convenciones, entre ellas las relacionadas contra la tortura. Esta organización ha impulsado campañas en África para detener la mutilación genital de las niñas.
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