«Una ley que penaliza todo tipo de aborto violaría los derechos más básicos de las mujeres», dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, con relación al debate que se realiza sobre este tema en el Congreso nicaragüense.
«Nicaragua debería de reflexionar seriamente antes de abrir la posibilidad de litigio internacional en esta materia», subrayó Vivanco.
A partir de una iniciativa de reforma al Código Penal, la Asamblea Nacional nicaragüense está por eliminar toda excepción a la penalización general del aborto, incluso cuando esta operación se practica para salvarle la vida a la mujer embarazada o cuando el embarazo es el resultado de una violación, denunció Human Rights en un comunicado.
La propuesta ha recibido apoyo de todas las bancadas de la Asamblea y «es incompatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de Nicaragua», agrega la organización.
Actualmente, el Código Penal nicaragüense permite el «aborto terapéutico», interrupción del embarazo para evitar un daño a la salud de la mujer gestante o para salvarle la vida, la cual permitió en el 2004 que una niña de nueve años interrumpiera su embarazo.
El embarazo de la menor era el resultado de una violación y, según los médicos que la atendieron, de llevarse a cabo habría un posible riesgo a su salud psíquica y física.
La propuesta para eliminar el «aborto terapéutico» se hizo en las vísperas de las elecciones presidenciales nicaragüenses, para el próximo 5 de noviembre, ha unificado a legisladores de todas las bancadas de las Asamblea General, inclusive el partido de izquierda, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), orgnización que históricamente apoyó el acceso al aborto no punible, por lo menos en ciertas circunstancias.
Al respecto, Vivanco de Human Rights comentó: «Es triste que los congresistas nicaragüenses no encuentran en sus conciencias compasión por las niñas y mujeres violadas y forzosamente embarazadas, o por la mujeres que arriesgan su vida con un embarazo».
Y agregó, pero «es más triste aún que esta reforma penal violatoria de los derechos humanos parece ser motivada por consideraciones electorales».
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