A pesar de que acaba de celebrarse el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 97 por ciento de la población femenina latinoamericana en edad reproductiva actualmente vive bajo leyes que violentan su derecho a decidir sobre su maternidad y ponen en peligro su salud y sus vidas.
Uno de los países con las leyes más restrictivas para el aborto es Nicaragua. Desde que fue modificado el Código Penal nicaragüense, a finales de 2006, no es permitido el aborto bajo cualquier circunstancia, aunque la continuación del embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer.
Los artículos 143 y 145 del código disponen penas de cárcel para los profesionales de la atención de la salud que practiquen un aborto y para las mujeres y las niñas que soliciten o consigan este servicio. Antes de la aprobación del nuevo Código Penal por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el país fue permitido el aborto terapéutico durante 132 años.
Amnistía Internacional (AI) señala que la penalización total del aborto incrementa, en gran medida, el sufrimiento de muchas mujeres y niñas embarazadas que buscan atención médica. Agrava el dolor físico, el temor, la depresión y el estigma, y en algunos casos puede provocar la muerte o el intento de suicidio.
Además, AI indica que la ley prevé penas de prisión para los proveedores de servicios de salud que involuntariamente causen lesiones al feto durante la administración del tratamiento prescrito médicamente a las mujeres y niñas embarazadas. Esto pone a las y los profesionales de la salud en una situación en la que ya no pueden proporcionar el apoyo y la atención que ellas y ellos consideran adecuados, ya que la amenaza de la penalización les impide ejercer su obligación ética de salvar vidas.
Una médica nicaragüense entrevistada por la organización internacional en octubre del año pasado expresó que los médicos están atados de pies y manos. Pasan muchos sustos para tratar aun un aborto en curso, por ejemplo.
Esto afecta de manera especial a las mujeres y niñas embarazadas que necesitan tratamiento para enfermedades potencialmente mortales, a las que sufren complicaciones en el embarazo, a las que necesitan tratamiento médico tras un aborto espontáneo o inducido y a las que sufrieron actos de violación o incesto. En su desesperación, las mujeres y niñas se ven obligadas a recurrir al aborto clandestino o autoinducido, poniendo en peligro sus vidas y su salud, y arriesgándose a ser procesadas y encarceladas.
Ipas, organización civil internacional, con una sede nicaragüense que promueve los derechos reproductivos de las mujeres, indica que la penalización del aborto terapéutico significa la legalización de la tortura, por lo que el Estado debe despenalizarlo de manera inmediata. Además, señala que, después de haberse reformado la ley, ha habido un incremento sistemático de las muertes obstréticas indirectas en el país.
Según información de AI, entre 1999 y 2005, en Nicaragua, se realizaron en promedio 347 interrupciones de embarazos ectópicos al año. Los embarazos ectópicos, en los que el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, se consideran urgencias médicas porque pueden causar daños permanentes y, si se deja que el embarazo continúe, la muerte de la mujer. Con la modificación del Código Penal, la interrupción de los embarazos ectópicos se criminaliza.
Según el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, en 77 de los casos de violencia sexual que fueron denunciados en 2008, la víctima era menor de 17 años. AI dispone de información según la cual, entre 2005 y 2007, mil 247 niñas fueron violadas y 198 de ellas resultaron embarazadas; de ellas, 172 tenían entre diez y 14 años.
A pesar de que los datos oficiales ya son terriblemente altos, AI calcula que las cifras verdaderas son todavía mayores. A las víctimas de abusos sexuales que quedaron embarazadas el Estado nicaragüense no les ofrece otra opción que llevar a término el embarazo o buscar abortos inseguros o ilegales que pueden perjudicar su salud y su vida, y al mismo tiempo corren el riesgo de ser encarceladas.
La continuación de un embarazo no deseado producto de violación puede tener impacto en las mujeres y en las niñas de manera preocupante. Muchas tienen que dejar de ir a la escuela, han perdido la capacidad de concentrarse, y muchas nos dicen que ya no tienen siquiera la voluntad de seguir viviendo expresó ante AI una psiquiatra nicaragüense que trabaja para una organización de apoyo a jóvenes víctimas de violación y abuso.
Otros países latinoamericanos que penalizan la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia, y, en consecuencia, ejercen violencia institucional hacia las mujeres, son Chile, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras y Surinam.
09/YT/GTR
