«Las mujeres queremos dar vida, no morir en el intento», es según Marta M. Blandón Gadea, feminista del Movimiento en Nicaragua, la consigna de mujeres que defienden su vida en riesgo, desde que entró en vigencia la Ley 603, dejando sin posibilidades al personal de salud de salvarle la vida a niñas, adolescentes y mujeres adultas que enfrentan embarazos de riesgo y que ameritan una interrupción del mismo para seguir viviendo, señala un artículo de su autoría.
Los testimonios recogidos por el observatorio de los derechos humanos, creado por el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto, presumiblemente vinculados a la existencia de la famosa Ley 603, son desgarradores y se los ha denominado El camino de una muerte evitable.
En Nicaragua hace años que no se conocían casos de embarazo ectópico roto como causa de muerte de una mujer embarazada. Ese fue el caso de Olga María, de Nagarote, que visitó inclusive el hospital de mayor nivel de resolución para los problemas de las mujeres embarazadas, pero no recibió la atención que manda el protocolo vigente de las emergencias obstétricas, por temor del personal a que ofrecer un servicio de urgencia fuese calificado como un delito.
Otra historia es la de Evelyn de los Ángeles, de un barrio capitalino quién con sólo 16 años llevaba un embarazo de 22 semanas. Además, según el diagnóstico del hospital La Mascota, en mayo de 2004 padecía leucemia mielocítica aguda. El 22 de enero sufrió un aborto espontáneo incompleto, diagnóstico con que se la transfirió al Hospital de la Mujer. Luego de diligencias de ginecobstetricia, volvió a ser trasladada a La Mascota, cansada de los tratamientos, desistió y murió en su casa el 31 de enero de 2007.
¿NEGLIGENCIA O LEY?
Según declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud, estas muertes no se le pueden atribuir a la Ley 603, a su criterio, a lo sumo se puede calificar de una negligencia médica, la misma que amerita una sanción administrativa y legal, pero hasta el momento no se conoce de ningún caso en que esta conducta haya tenido alguna consecuencia de este tipo en ningún centro asistencial.
Definitivamente las mujeres que dicen Sí a la Vida, y defienden por ello la restitución del aborto terapéutico en el Código Penal, «no estamos demandando el castigo para los trabajadores de la salud, estamos demandando que las leyes les permitan cumplir con su deber y poner los recursos científicos para salvar vidas», describe.
El plazo para responder al recurso por inconstitucionalidad, interpuesto a principios del año por diversas personalidades de la sociedad civil, ya se le venció a la Corte Suprema de Justicia, mientras tanto ya son 54 mujeres las que han muerto: 43 mujeres vivían en el campo, es decir el 80 por ciento.
Las causas sociales asociadas muestran que 21 mujeres fallecidas vivían en extrema pobreza, siete no habían planificado el embarazo y una de ellas vivía situación de violencia. La causa institucional por la que fallecieron mayoritariamente se dice que es la ?inadecuada organización de los servicios?.
Las edades de las víctimas van desde los 15 hasta los 40 años. Una de ellas deja a trece hijos en la orfandad. ¿Cuántas mujeres más tendrán que sacrificar su vida y la de sus hijos e hijas?, se pregunta Blandón y termina señalando que las mujeres feministas de Nicaragua siguen a la expectativa de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia.
07/ML/GG
