En el piso de tierra de una precaria vivienda a la orilla de un río en esta capital juegan Carlitos y Zamira; él tiene cuatro años de edad; ella, dos. El padre de ambos, de 22 años, está preso por robo en la cárcel La Modelo; la madre, de apenas 19 años, ayuda en las tareas domésticas en la casa de sus padres, donde vive con sus dos hijos.
A los 14 años, Karla, la joven madre, inició un noviazgo de cuatro años cuando cursaba el sexto grado de primaria. La mamá de Karla se opuso desde un principio a la relación de los adolescentes, pero tampoco orientó a su hija sobre cómo protegerse de un embarazo no deseado. En la escuela no le enseñaron educación sexual a Karla.
Así como éste son muchos los casos de adolescentes nicaragüenses que se embarazan en el noviazgo. A esto se suma que en Nicaragua hay cerca de 400 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están fuera del sistema escolar, según datos de organizaciones no gubernamentales.
En el país centroamericano 30 por ciento de los embarazos ocurren en mujeres menores de 19 años, de acuerdo con organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
No obstante, las cifras podrían ser más altas si se toma en cuenta que muchos embarazos en adolescentes en zonas rurales no son registrados de manera oficial.
OPACIDAD EN LA INFORMACIÓN
El Ministerio de Salud nicaragüense mantiene prácticamente en secreto las cifras oficiales de embarazos en adolescentes. Cimacnoticias solicitó y le fueron negadas entrevistas con funcionarios de la dependencia para obtener información al respecto.
No obstante, la agrupación civil Sí Mujer realizó un estudio en cinco hospitales públicos de Nicaragua y verificó que el 32 por ciento de las mujeres ingresadas a los hospitales por complicaciones en el embarazo eran menores de 19 años.
Para la organización ciudadana el Estado nicaragüense no atiende las causas de los embarazos de esas adolescentes, algunos de los cuales son producto de violaciones sexuales o por falta de educación sexual y atención en salud reproductiva.
Ana María Pizarro, integrante de Si Mujer, considera que las niñas y adolescentes están en la total indefensión ante los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Como muestra, la doctora da un botón: El año pasado el 64 por ciento de las nuevas personas que contrajeron VIH-Sida eran mujeres de entre 15 y 19 años.
REZAGO OFICIAL
Desde los años 80, ningún gobierno en Nicaragua –ya sea conservador o «socialista»– ha incumplido con políticas públicas eficaces en materia de educación sexual y salud reproductiva a pesar de haber signado acuerdos internacionales al respecto, advirtió Pizarro.
Nicaragua firmó en 1981 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), pero no ha ratificado el Protocolo Facultativo, por lo que las organizaciones no gubernamentales carecen de herramientas para denunciar el incumplimiento de la convención y peor aún con los acuerdos emanados de las conferencias de Beijing y El Cairo, observa la activista.
El inciso D del capítulo 16 de la CEDAW establece que los Estados deben garantizar los derechos de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos y tener acceso a la información, educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.
Ante este incumplimiento por parte del Estado nicaragüense, grupos civiles como Sí Mujer toman la batuta para informar y generar conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos, y promover el uso de anticonceptivos principalmente entres mujeres y adolescentes.
En un país donde todo tipo de aborto está penalizado y las Iglesias católica y evangélica tienen amplia influencia política y social, las organizaciones civiles por los derechos de las mujeres enfrentan día con día una lucha a contracorriente.
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