En el marco del Día Internacional «No Más Violencia Contra las Mujeres», movimientos de mujeres nicaragüenses denunciaron ser víctimas de terrorismo político por parte del gobierno de Daniel Ortega, quien ha procesado a un grupo de activistas por supuestos hechos delictivos, informó Mujeres Hoy.
El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y la Red de Mujeres Contra la Violencia de Nicaragua están en la mira del gobierno de Daniel Ortega desde que, en el año 1998, éste fuera denunciado de abuso sexual en contra de su hijastra Zoilamérica Narváez.
Recientemente, Ortega fue repudiado por organizaciones de mujeres chilenas durante su participación en la Cumbre Social de los Pueblos, un foro paralelo a la Cumbre de los Presidentes que se celebró en noviembre de 2007, en la capital chilena.
La razón de este repudio fue la derogación del aborto terapéutico, vigente durante más de cien años en el Código Penal de ese país, medida que contó con el total respaldo del entonces candidato presidencial, Daniel Ortega para conseguir el apoyo de sectores ligados a la Iglesia Católica y grupos fundamentalistas de otras iglesias de Nicaragua.
Esta medida ha puesto en peligro la vida de cientos de mujeres nicaragüenses que vienen recurriendo a métodos empíricos y dañinos, para interrumpir un embarazo no deseado.
La fuerte campaña al interior de Nicaragua, realizada por las distintas organizaciones feministas para denunciar lo que consideran un grave atentado a la vida de las mujeres, ha contribuido a aumentar el descrédito del gobierno sandinista en la comunidad internacional.
En un evidente gesto de venganza y terrorismo político, como lo han calificado las organizaciones de mujeres, la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos (ANPDH) interpuso ante la Fiscalía General de la República de Nicaragua una acción legal en contra de 9 liderezas pertenecientes a la Red de Mujeres Contra la Violencia y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), por encontrarlas responsables de encubrimiento del delito de violación y apología del aborto, entre otros cargos vinculados al llamado «caso Rosita», una niña de 9 años, que en el año 2003 fue violada y embarazada por su padrastro, y a quien se le practicó un aborto terapéutico luego de las acciones de defensa y apoyo emprendidas por las activistas de la Red de Mujeres Contra la Violencia.
Como señala Ana María Pizarro, una de las activistas procesadas, «esta acusación no tiene ningún fundamento pues se basa en el juicio ya cerrado por la propia Fiscalía en marzo del año 2003, que dictaminó que no hubo delito cuando se practicó el aborto terapéutico de Rosita, dado que se actuó de acuerdo a la ley vigente en ese momento que permitía esta intervención».
Las activistas procesadas son: Ana María Pizarro, de la Coordinación de la Campaña 28 de Septiembre y Consejera Consultiva de la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC), Juanita Jiménez, Mayra Sirias, Violeta Delgado y Yamileth Mejía, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Lorna Norori, defensora de los derechos de las mujeres, Luisa Molina Arguello, de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con Niñez y Adolescencia, Martha María Blandón, del Foro Sexualidad, Maternidad y Derechos, IPAS, Centroamérica y Martha Munguía, del Centro de Mujeres Acción Ya.
Para Sofía Montenegro integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, se trata de un «caso de persecución y venganza política de la pareja presidencial».
A juicio de Montenegro, Daniel Ortega y su pareja Rosario Murillo, «están pasando factura por el apoyo histórico que desde el año 1998 hizo la Red de Mujeres Contra la Violencia a la denuncia de Zoilamérica Narváez contra su padrastro Daniel Ortega.
«Somos nosotras las que acusamos de abusar al Presidente de la República y por complicidad a doña Rosario Murillo», advierte Sofía Montenegro, recordando que nadie puede hablar «cuando se ha mandado a matar y morir (a las mujeres), a partir de la prohibición del aborto terapéutico sin escrúpulos ni moral».
MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL
Luego de conocerse la noticia de las acciones legales contra las 9 activistas nicaragüenses, diversas redes nacionales y regionales de los movimientos feministas y organizaciones sociales de mujeres del Continente, como el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC), Coordinación Regional Campaña 28 de Septiembre, Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), Articulación Feminista Marcosur, Isis Internacional, entre otras, han manifestado su apoyo a través de cartas y mensajes de protesta enviados al gobierno de Nicaragua y a las diferentes instancias internacionales de derechos humanos.
En Nicaragua, las mujeres denunciadas son respaldadas y acompañadas por representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), así como por integrantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
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