A seis meses de que Amalia -una joven embarazada y originaria de León, una ciudad de Nicaragua- fue diagnosticada con cáncer que se propagó por sus pulmones, cerebro y senos, las autoridades de salud de aquel país, decidieron tratarle la enfermedad y no interrumpir la gestación, pese a las consecuencias que esto traería para la mujer y el feto.
Después de un debate político y mediático, en marzo pasado, los médicos concluyeron que Amalia debía someterse a quimioterapias y continuar con su embarazado de seis meses. Sin embargo, esta decisión lejos de salvarle la vida a ella y al feto, los pone en riesgo, así lo afirmo en entrevista con Cimacnoticias, Bertha Sánchez, coordinadora del Grupo Feminista de León.
Es preciso señalar que esto se dio luego de que el 26 de febrero organizaciones de la sociedad civil, como el Grupo Feminista de León, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ipas Centroamérica y Women´s World Wide, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgar medidas cautelares a Amalia para salvaguardar su vida y su salud.
A través de la CIDH, las organizaciones exigieron que la joven de 27 años, tuviera el derecho de interrumpir el embarazo, y que se le proporcionara un tratamiento adecuado para el cáncer. Lo anterior en apoyo a la petición que Amalia hizo en febrero, cuando envió una carta al director del hospital Heoadra, donde se atendía, para pedirle que se interrumpiera su embarazo.
«APEGADOS A LA LEY»
Bertha Sánchez narra que auque los médicos no querían darle el tratamiento por estar «apegados a la ley», las organizaciones realizaron plantones, desplegaron comunicados y ejercieron presión social. Como resultado, el 27 de febrero, la CIDH recomendó al gobierno de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para asegurar que Amalia recibiera la atención médica para tratar el cáncer.
En este contexto, Amnistía Internacional siguió el caso y denunció que Amalia era ejemplo de una situación general de desamparo en el que se encuentran miles de mujeres nicaragüenses que sufren los efectos de una de las legislaciones más restrictivas de todo el mundo en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
En ese país, el aborto terapéutico dejó de ser un derecho desde el 26 de octubre de 2006, cuando la Asamblea Legislativa Nacional derogó la ley que permitía este procedimiento cuando corría peligro la vida de la mujer.
Ante la penalización del aborto bajo cualquier circunstancia, en 2007, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, pero hasta el momento llevan tres años sin respuesta alguna.
DERECHO DE LAS MUJERES A LA VIDA
A decir de la familia de Amalia, ella sólo quería luchar contra el cáncer y ver crecer a su hija de 10 años. Por esta razón apeló a su derecho a la vida y a la salud; además eximió de toda responsabilidad a los médicos que estuvieran dispuestos a practicarle el aborto.
Aún así esta opción se le negó, y el Ministerio de Salud puso todo su esfuerzo para brindarle el mejor tratamiento y demostrar que no era necesario un aborto, así lo dijo a este medio Martha María Blandón, directora del Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico.
Hasta el momento Amalia ha recibido siete quimioterapias de última generación (especiales para embarazadas), cada una de un costo aproximado de dos mil dólares (el equivalente a 25 mil 220 pesos) quizás esto se debe a la presión social que generó este caso. Pero aún hay mujeres que requieren un aborto terapéutico y que no tienen los medios para cubrir gastos como estos, asegura Martha María Blandón.
Respecto a los reportes de salud, poco se sabe. Los médicos han afirmado que «no hay nada porque alarmarse», aunque el último control prenatal dejó ver que el feto tiene una pérdida de líquido amniótico.
10/AGM/ LGL
