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Niega Estado Mexicano reconocer impunidad de militares

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Durante el quinto informe periódico sobre los derechos humanos en México, que Naciones Unidas realiza cada 10 años, el Estado mexicano negó la impunidad en la que permanecen más de 3 mil quejas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. Y además, brindó información “escasa” al Comité de Derechos Humanos de este organismo, encargado de realizar la evaluación.

Así lo señaló Human Rights Watch (HRW) en un comunicado de prensa, en el que calificó como “decepcionante” que México desaprovechó esta oportunidad “para reconocer y afrontar la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares”.

Y es que en el país, durante los últimos dos años se han registrado 3 mil 388 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, de ellas 38 han sido reconocidas como tales, pero sólo un uniformado ha sido condenado por esta causa.

Muestra de la impunidad en la que permanecen los abusos de los uniformados, son los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández, quienes en 2002, fueron violadas sexualmente por militares en la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec y en Barranca Tecuani, en Ayutla de los Libres, Guerrero, respectivamente.

Por este hecho, siete años más tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acreditó la violación sexual y responsabilizó al Estado por la falta de una debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables.

Al igual que Valentina e Inés, en 1994, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales de Santa Rosita Sibaquil, municipio de Altamirano, Chiapas, salieron, acompañadas de su madre Delia a vender sus verduras en el centro de la cabecera municipal.

En el camino fueron violadas tumultuariamente por militares, mientras otros uniformados observaban. Y la madre de las jóvenes escuchaba sus gritos a lo lejos, donde era amagada y encañonada por otros elementos del Ejército mexicano.

Este caso también llegó a la CIDH, fue admitido en 1999, y en 2001 este organismo recomendó a México que investigara completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana los hechos para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño y que el caso se turnara a la justicia civil.

Durante el quinto informe que rindió el Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por el país en 1981, HRW denunció que desde que Felipe Calderón Hinojosa, emprendió la lucha contra el narcotráfico, en diciembre de 2006, se registró un “drástico” incremento de denuncias de abusos militares.

De acuerdo con HRW, si bien las fuerzas armadas aceptan recomendaciones de internacionales y del interior, y en ocasiones ofrecen una indemnización a las víctimas, la mayoría de estos crímenes quedan impunes, debido a que el sistema de justicia militar mexicano carece de independencia e imparcialidad.

Y, de ese modo, bajo la figura de fuero militar “asume la investigación de incluso los abusos más aberrantes, como presuntas violaciones sexuales, ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura, al adoptar una definición excesivamente amplia de qué constituye un ‘acto de servicio’”.

Según un informe reciente de HRW, “Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, la impunidad tiene su origen en que, el Secretario de la Defensa ejerce poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas.

Es decir, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe ninguna indagación pública de las investigaciones y los juicios militares.

En los párrafos 92 y 183 del informe presentado por el gobierno de México a este Comité se indica que, desde el año 2000 hasta agosto de 2009, se iniciaron 20 procesos penales contra militares por violaciones de derechos humanos, y que hasta el momento se ha dictado sentencia en 6 de estos casos.

No obstante, un análisis más detenido de la “escasa” información proporcionada por el gobierno sobre estos casos demuestra que sólo tres soldados han sido condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Calderón.

Sin embargo, una de estas condenas estuvo relacionada con un accidente automovilístico y otra fue revertida por un tribunal militar de apelación. Por lo tanto, hay solamente un caso que constituye una condena por violaciones de derechos humanos: el de un soldado que fue condenado a 9 meses de prisión por haber disparado y asesinado a un civil en un retén militar.

Las decisiones de los tribunales militares pueden ser impugnadas ante el sistema de justicia civil mediante un recurso de amparo, el cual, básicamente, busca proteger los derechos de debido proceso de los militares que son acusados de algún delito.

Las víctimas y sus familiares no tienen la posibilidad cuestionar un aspecto elemental como qué sistema de justicia debería resultar competente para investigar violaciones de derechos humanos, indicó HRW en el boletín.

Esta práctica es contraria al PIDCP, el cual obliga a los gobiernos a establecer un recurso efectivo contra los abusos y a reconocer a toda persona el “derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”.

A su vez, en el ámbito regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia vinculante en noviembre de 2009 que ordenó a México modificar su Código de Justicia Militar a fin de cumplir con sus obligaciones internacionales.

La Corte sostuvo específicamente que “en situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”.

Para terminar con este patrón de impunidad y proteger los derechos consagrados en el PIDCP, México debe asegurarse de que aquellos casos en que se acuse a militares de violaciones de derechos humanos contra civiles sean remitidos inmediatamente a los agentes del ministerio público del fuero común o federal, concluye HRW.

10/GCJ/LR/LGL

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