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Niega Inmujeres anomalías en indagación de feminicidio

Por Anaiz Zamora Márquez

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) negó irregularidades durante la reciente investigación de la violencia feminicida en el estado de Guanajuato, así como en la forma en que se integró el Grupo de Trabajo que indagará ese flagelo en el estado de Morelos, tal y como acusaron en su momento activistas y académicas.
 
En un evento realizado hoy por el Inmujeres para informar a los medios de comunicación sobre el trámite que siguen las solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG), Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del instituto, negó una falta de transparencia y que se hubiera violentado la legislación.
 
Explicó a las y los periodistas asistentes que tanto la investigación como la integración del Grupo de Trabajo se apegaron a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y a su Reglamento, modificado en noviembre pasado.
 
Navarrete abundó que los señalamientos que han surgido alrededor del tema se deben a una “falta de comprensión de los procesos”.
 
Al advertir que el mecanismo anterior para determinar la procedencia de la AVG no era “ni conveniente ni adecuado”, acotó que el lanzamiento de una convocatoria pública para buscar a las y los académicos que integrarían los grupos de trabajo no es una obligación definida en el Reglamento de la LGAMVLV.
 
Para argumentar que en la conformación del Grupo de Trabajo de Morelos “no se violentó ninguna norma y nos apegamos al reglamento”, el abogado del Inmujeres hizo referencia al artículo 36 de la ley secundaria, que establece que el Inmujeres, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, “coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación de un Grupo de Trabajo”.
 
En ese sentido, para integrar los grupos de trabajo de Guanajuato y Morelos “la decisión que tomó la presidenta (del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez) fue lanzar una convocatoria y eso no lo obliga el reglamento”.
 
Por lo que en el caso de no haber respuesta a la misma, de acuerdo con el artículo 36 del reglamento, el Inmujeres puede tomar las decisiones que considere pertinentes para formar el Grupo de Trabajo y que éste emita su informe en los 30 días posteriores a la presentación de una solicitud de AVG (plazo marcado en el reglamento).
 
Pablo Navarrete dijo que “ha habido un mal entendido para el Grupo de Morelos”, ya que aunque se lanzó la convocatoria, ninguna académica o académico se inscribió.  
 
“Es cierto que se declaró desierta, pero en apego al reglamento se tomó la decisión de nombrar a dos académicos”, ya que lanzar una nueva convocatoria implicaría tiempo y “no podemos ser tan irresponsables (…) y esperar a 30 días hasta que se inscriban para instalar un grupo cuando la emergencia la tenemos ahí”.
 
Agregó que también el reglamento marca que el informe del Grupo de Trabajo tiene un límite de entrega de 30 días, plazo que no se cumpliría si se emite una nueva convocatoria.
 
Con relación a las y los integrantes de instituciones académicas de carácter nacional, el funcionario sostuvo que la y el nuevo representante son parte de un listado de académicas que respondieron a la convocatoria pública nacional y que tiene el Inmujeres para la conformación de los grupos de trabajo.
 
Cabe recordar que la semana pasada al conocer la integración del Grupo de Trabajo de Morelos, las investigadoras Yessica Ivet Cienfuegos Martínez, Cynthia Galicia Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –que agrupa organizaciones de todo el país– manifestaron en comunicados y cartas públicas su preocupación ante la forma en que se determinó la integración de ese Grupo de Trabajo.
 
Destacaron que desconocían la forma en que se habían seleccionado a las y los académicos, pues en un primer momento los únicos nombres dados a conocer a nivel nacional fueron los de Galicia Mendoza y Javier Echarri Cánovas, y se anunció que su representación duraría dos años, pero en ningún momento se precisó que no estarían presentes en todos los grupos.
 
Al mismo tiempo manifestaron su inconformidad por el hecho de que el informe realizado en Guanajuato, pese a estar ya listo, aún no se haya entregado al gobierno estatal.
 
Al respecto, Navarrete Gutiérrez reconoció que el plazo de 30 días para la investigación es “limitadísimo”, pero aclaró que el Grupo de Trabajo terminó el informe en tiempo y forma y no se ha entregado al gobierno local, pues no hay un plazo determinado para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la  Mujeres (Conavim) entregue los resultados al Ejecutivo de Guanajuato.
 
De acuerdo con Navarrete, también son falsos los señalamientos del OCNF acerca de que los órganos del Estado tengan mayor representación en el Grupo de Trabajo, pues de los ocho sólo tres son integrantes de algún órgano de gobierno.
 
Cabe recordar que el grupo está conformado por una persona representante del Inmujeres y una de la Conavim, y una representación del Instituto de la Mujer estatal que corresponda.
 
A ellas se suman dos personas de la academia a nivel nacional, dos de una institución académica o especializada en violencia contra las mujeres del estado donde se solicite la AVG, así como una representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que es un órgano autónomo del Estado.

Durante el taller informativo, el coordinador Jurídico del Inmujeres llamó a las organizaciones civiles y a los medios de comunicación a recordar que la AVG “no es un instrumento mágico” que vaya a erradicar por sí mismo la violencia de género, y que existen más normas y medidas exigibles en la materia.
 
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