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Niega justicia a las mujeres, impunidad en sistema penal

Por Redaccion

El Estado mexicano carece de un compromiso con los derechos de las mujeres, persiste la exclusión, la discriminación y las agresiones contra ellas, un ejemplo son los casos de las mujeres denunciantes de tortura sexual cometida en el operativo Atenco y la injusta sentencia de Alberta Alcántara y Teresa González.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), indica que pese a las alusiones gubernamentales de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la impunidad y el uso faccioso en el sistema penal impide el acceso de justicia para las mujeres.

Después de haber sido agredidas física, sexual y psicológicamente por los elementos policiales que participaron en los operativos de Atenco en 2006, las mujeres no han obtenido justicia integral a pesar de que ya han transcurrido casi cuatro años de los hechos.

Hasta la fecha, pese a que la tortura ha sido debidamente documentada y probada, la situación jurídica de las mujeres denunciantes se caracteriza por el hecho de que no se ha procesado a ninguno de los responsables.

En 2009 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) recibió el expediente completo del caso Atenco después de que la Fiscalía especializada en delitos violentos contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra) determinara no seguir investigando y declinar su competencia.

El Centro Prodh señaló que esto es inadmisible y constituye una prueba más de la falta de condiciones para el acceso a la justicia en México.

ALBERTA Y TERESA

El 19 de febrero de este año, el juez cuarto de Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, impuso una pena de 21 años de prisión por un delito inexistente contra Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres indígenas de Santiago Mexquititlán, Querétaro, acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) el 26 de marzo de 2006.

Ante la sentencia, ambas mujeres presentaron la apelación que será resuelta en los próximos meses por el magistrado Hanz Eduardo López quien ya conoce ampliamente el caso: en 2006 confirmó el auto de formal prisión y en abril de 2009 ordenó la reposición del procedimiento.

La sentencia injusta dictada por el juez Pedraza confirma que la vulnerabilidad de las mujeres ante el sistema de justicia es provocada de manera sistemática, subraya el Prodh.

El Centro Prodh señaló que se discrimina constantemente a las mujeres por su condición de género, situación que se agrava por la feminización de la pobreza en nuestro país y por la exclusión de las personas en razón de su condición étnica.

A esto se agrega el uso faccioso del sistema de justicia para fabricar delitos e instaurar procedimientos irregulares contra quienes, como Teresa y Alberta, defienden digna y legítimamente sus derechos, indicó.

El Estado al castigar a las dos mujeres abusa de ellas al emplearlas para lastimar a una comunidad indígena que reivindicó sus derechos ante los abusos que pretendían cometer los agentes de la AFI.

Por ello, señaló, reiteramos nuestras denuncias y exigimos al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura sexual, incluyendo los altos mandos y garantizar medidas de no repetición en el caso Atenco y para investigar las continuas violaciones a los derechos humanos de Alberta Alcántara y Teresa González, entre ellas el desconocimiento del principio de presunción de inocencia.

10/AGA/LR/LGL

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