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Niegan asilo a mujeres víctimas de violencia doméstica en EU

Por Leticia Puente Beresford

“No regresaré a mi país. Hacerlo significaría un equivalente a mi sentencia de muerte”, advierte Aruna Vallabhaneni, en caso de que el gobierno de Estados Unidos le niegue asilo por violencia doméstica. Y es que, de volver a casa, su familia la forzaría a regresar con su esposo.

Aruna es una de las miles de mujeres que esperan obtener un beneficio que en este momento se encuentra en el limbo jurídico, según se destaca en Asilo en el mundo para las mujeres maltratadas, reportaje publicado por The New York Times Magazine en febrero pasado.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado en un reporte los casos de mujeres que son víctimas de la violencia doméstica sin que, por lo general, exista la protección de las autoridades.

En algunas naciones, como Bangladesh y Etiopia, la ONU encontró que seis de diez mujeres entrevistadas han sido asaltadas sexualmente por sus maridos o compañeros.

El reporte hace un llamado para la protección de las mujeres abusadas, pero no especifica el trato que naciones del primer mundo –como Estados Unidos– debe dar a las mujeres que escapan de sus agresores y abandonan sus países, sin querer volver por ello a su lugar de origen.

Times Magazine cuestiona: ¿Deberían las mujeres víctimas de violencia doméstica ser elegidas para obtener asilo, protección que tradicionalmente ha preservado para los perseguidos como resultado de conflictos políticos? Y señala: “Algunas veces decimos si y otras no. Y en algunos casos, como el de Aruna Vallabhaneni, decimos: deténganlo mientras pensamos”.

LA HISTORIA DE ARUNA

Vallabhaneni vino a Estados Unidos como turista en 1977. No tenía intensión de regresar a su pueblo, Hyderobad, India. A ella, le arreglaron su matrimonio a la edad de 17 años con un hombre con problemas por ser un apostador.

El esposo le solicitaba que pidiera dinero a su familia; si ella se lo negaba, la golpeaba.

Un día la golpeo tan fuerte que Aruna perdió el olfato. Otra, tuvo problemas vaginales. Hospitalizada por dos días. Se quejó ante la policía. Le dio miedo reportar el maltrato. Entonces se fue del país. Dejó a sus dos hijos con sus papás, esperando que la alcanzaran después en Estados Unidos. Aquí, pediría asilo. Sin embargo, su solicitud le fue negada.

Esto sucedió hace diez años. Ahora ella vive en Chicago. Su caso regresó a las autoridades de migración para una reconsideración, pero el juez tiene el caso detenido hasta que exista un mejor entendimiento de como tratar a las víctimas de violencia doméstica.

La revista semanal del New Yok Times, apunta: “Como sea, no es que las cortes o las autoridades no estén dando la batalla en este asunto”.

DERECHO AL REFUGIO

La Convención para Refugiados de 1951 de la ONU adoptada por la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, acordaron eventualmente establecer guías para decidir quien podrá ser considerado como refugiada o refugiado.

Al respecto la Convención, y sus subsecuentes protocolos, dice que individuos con bien fundados miedos de persecución por opinión política, raza, religión, nacionalidad o membresía en particular de un grupo social, no debe ser regresado a sus países de origen. La categoría grupo social fue adherida en el último momento, ya que “no todos están ciertos de la autoría original de sus intensiones”, el sexo no fue específicamente mencionado.

Pero en los 90, autoridades de migración empezaron a reconocer la persecución basada en el sexo como causal de asilo.

Primero el Board of Immigration Appeal concedió asilo a un hombre salvadoreño que tenia miedo de las guerrillas, porque el pertenecía a un “grupo social” de taxistas.

Poco tiempo después, Fauziya Kasinga, joven mujer que voló de Togo pues tenía miedo que le cortaran los genitales, aplicó también para asilo y se le concedió; ella tenía características que no podía cambiar, el consejo estableció que teniendo genitales intactos era “fundamental para la identidad individual de una joven mujer que no debería ser cambiada”.

Otra situación fue la de Rodi Alvarado, joven guatemalteca que en 1996 solicitó asilo, porque su esposo la golpeó brutalmente, en reiteradas ocasiones la violento sexualmente y la sodomizó. Las autoridades guatemaltecas se negaron a protegerla, diciendo que era un problema doméstico.

Como Aruna, Rodi tuvo miedo por su vida, dejó a sus hijos y viajó a Estados Unidos.

Ha existido un profundo desacuerdo en la opinión pública por la forma como las autoridades americanas están manejando el caso. Su credibilidad nunca fue cuestionada y un juez aprobó su asilo, pero el abogado del gobierno apeló al Board of Immigration Appeal, indicando que el esposo de Alvarado no la brutalizó porque es una mujer y por ser su esposa.

El Consejo ordenó el regreso de Rodi a Guatemala, sin embargo la abogada de la nación, Janet Reno, la liberó de la orden de deportación.

En los últimos días, Reno propuso una regulación que reconociera que la petición de asilo pueda basarse en violencia doméstica, si ésta fue severa y si el país en cuestión no hace nada acerca del abuso.

REGLAMENTACIÓN PENDIENTE

Esto sucedió hace más de seis años. Esta regulación administrativa despertó el apoyo de un sin fin de coaliciones de políticos, desde Brownback de la derecha hasta la izquierda de Hillary Clinton, pero aún no ha sido aprobada. Jueces de inmigración, indica Times Magazine, la han interpretado de diversas formas, haciéndola ver hasta conflictiva.

Han estado negando asilo a las víctimas de violencia doméstica y hay muchos casos como el de Rodi y Aruna que están en el limbo hasta que exista una claridad en esta política.

Por el momento hay un impasse. El Deparment of Homeland Security y el Deparment of Justice están trabajando en la reglamentación para dar respuesta a las solicitudes de asilo por violencia doméstica.

En tanto en Gran Bretaña y Canadá se le concede asilo como refugiadas, en esas naciones las leyes consideran a la violencia doméstica más que un problema privado y lo ven como “grupo social”. Aquí, aún se esta en espera de la respuesta de las autoridades.

VISA TIPO “U”

A pesar de que la violencia doméstica y la trata de personas están tipificadas como crímenes, hasta ahora la legislación no ha regularizado la llamada Visa “U”, una de las herramientas más valiosas para proteger a las mujeres, niñas y niños que suelen ser las principales víctimas de estos abusos.

Luego de un limbo jurídico de seis años, una coalición de agencias de servicios sociales instauraron una demanda colectiva en marzo en contra del Departamento de Seguridad Nacional acusándolo de haber fallado en promulgar las regulaciones para llevar a cabo el programa.

La prensa informó lo anterior agregando que “el gobierno federal no ha formulado las regularizaciones para elaborar la ley. No existe una forma para solicitar la visa ni un costo para el proceso”, aclaró Julie Dinnerstein, abogada de inmigración de Santuario para Familias, una de las organizaciones demandantes con sede en Nueva York, que actualmente tiene 500 posibles beneficiarios de esta legislación.

En el 2000, el entonces presidente Bill Clinton firmó una ley para establecer la modalidad de Visa “U” que le permitiría cada año a diez mil víctimas un permiso para permanecer en el país de manera temporal con la posibilidad de solicitar la residencia permanente por razones humanitarias.

Hasta hoy ni una sola de estas visas ha sido otorgada.

Aunque muchos solicitantes han conseguido un alivio temporal que les permite trabajar y permanecer en el país legalmente, lo grave es que las víctimas además de pasar por el drama del abuso, se encuentran impedidas de salir del país, de traer a sus hijas e hijos de su lugar de origen o de legalizar a las y los hijos que están en Estados Unidos.

Aunque soy una sobreviviente de violencia doméstica todavía no puedo ser feliz porque mis tres hijas no están conmigo, dijo entre lágrimas la dominicana Rosa Rodríguez, de 33 años y quien no ha visto a sus hijas en siete años.

Al igual que Rodríguez las demás mujeres que decidieron asistir a una conferencia para dar su testimonio sobre la necesidad de la Visa “U” urgieron al gobierno federal a que cumpla con la ley y les permita encontrar una vida después del sufrimiento que han padecido.

New York Times resalta que la ley de promulgación de la Visa “U” se firmó el 28 de octubre del 2000 y que desde entonces hay unas cinco mil 800 víctimas que son elegibles esperando a que se regularice la ley para obtener los beneficios

Las y los solicitantes pueden obtener una visa temporal por un año, renovable, un permiso de trabajo y una protección temporal para no ser deportadas o deportados, pero no pueden salir del país.

Por lo pronto, el pasado 7 de marzo una Coalición nacional de agencias de servicios sociales y defensores de los derechos civiles, demandó al Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración en la Corte Distrital de San Francisco.

07/LPB/CV

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