Se registra otro caso de maternidad impuesta en una niña de 13 años que fue violada cuando cumplía su tercer día como trabajadora doméstica en una comunidad vecina del municipio de Galeana, Nuevo León, denunció el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización especializada en la defensa de los derechos reproductivos.
Esta situación se suma a la denuncia pública de Paulina, indígena violada en 1999, a los 13 años de edad, obligada a ser madre por autoridades judiciales y de salud en Baja California, así como mujeres integrantes del grupo Provida, al negarle información y el derecho que tenía a recurrir a un aborto legal.
Médicos y médicas, las y los agentes del Ministerio Público y autoridades del DIF, incumplieron también su obligación de informarle a Dalia (nombre ficticio, por protección de la niña), de la anticoncepción de emergencia a la que tenía derecho, avalada por la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar, para evitar un embarazo.
Al igual que Paulina, a Dalia le negaron su derecho a solicitar un aborto legal. Hoy enfrentar una maternidad para la cual no está preparada.
Ella fue violada en septiembre del año pasado cuando tenía 12 años de edad. Una amiga fue quien la invitó a trabajar como empleada doméstica. Después de concluir su instrucción primaria, se fue a trabajar para contribuir a los gastos familiares.
Es la cuarta hija de una familia pobre radicada en el municipio de Galeana. Desafortunadamente, la amiga la encerró con el novio y él la violó. Aterrorizada, Dalia volvió a su pueblo, pero no se animó a contarle nada a sus padres.
Pasaron los meses y su menstruación se retrasó. Al principio nadie imaginó que se haya embarazado, pues a su corta edad es normal que su periodo menstrual sea irregular. Sin embargo, el tiempo pasó y las consultas médicas fueron contundentes.
«Los doctores nos decían que la niña podía estar embarazada, pero nosotros dudábamos porque no la dejábamos salir», explica Angélica, la mamá de Dalia.
Finalmente, hasta los seis meses de embarazo les confirmaron que Dalia estaba embarazada y ya no había posibilidad de solicitar un aborto legal, debido al tiempo transcurrido y lo avanzado de la gestación.
El violador confesó haber tenido relaciones sexuales con Dalia, pero, dijo, «fue con el consentimiento de ella». Luego se retractó de sus declaraciones al afirmar que no había estado con ella el día de los hechos.
El juez de Galeana, José Luis Hernández Mata, cometió un grave el error al no dictarle el auto de formal prisión, por lo que el joven huyó hacia los Estados Unidos, dice la familia de Dalia.
Mientras el proceso en contra de Juan no está completamente cerrado (el propio Ministerio Público presentó un recurso), Carlos, papá de Dalia, exige justicia: «que el chavo ese sea castigado. Es muy grave lo que hizo».
Además la madre de la menor asegura que su hija «no quiere el bebé, porque no fue por su voluntad».
A pesar de que el aborto por violación es legal en todo el país desde 1939 de acuerdo a una encuesta realizada en la Ciudad de México en el 2003 el 74 por ciento de los encuestados no sabia que el aborto es legal en algunos casos. Además la mitad de las víctimas por violación son menores de 20 años y una de cada 10 resulta embarazada, informa GIRE.
2004/HS/GV
