A pesar de que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (SITUIIM) cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) le negó la toma de nota «para favorecer los intereses de la universidad».
Con ello la JLCA trasgredió «gravemente» los derechos laborales de 96 trabajadoras y trabajadores ?60 por ciento de ellos mujeres?, quienes decidieron organizarse sindicalmente para exigir su contratación colectiva, estabilidad en el empleo y seguridad social, dijo a Cimacnoticias Marilú Peña Guevara, secretaria general del SITUIIM.
La JLCA argumentó que la mayoría de las y los trabajadores «no eran sindicalizables» por su forma de contratación (prestación de servicios profesionales), ignorando el registro de nómina presentado por el sindicato, en el que se prueba la relación laboral entre el personal y la universidad, explicó la sindicalista.
Cabe mencionar que esa información fue conseguida por el SITUIIM a través del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información del estado de Michoacán, ya que la UIIM se negó a entregar el registro de nómina a la JLCA y al sindicato.
Peña refirió que la Junta Local, las autoridades universitarias e incluso el secretario de Gobierno del estado de Michoacán, Rafael Melgoza, les han dicho que sólo si «rasuran» el padrón sindical y eliminan a 60 docentes contratados por asignatura, de los cuales más de la mitad son mujeres, les podrán otorgar la toma de nota, pero «no estamos dispuestos a hacer eso, todos somos trabajadores y tenemos derecho a organizarnos para exigir mejores condiciones laborales».
A pesar de que conforme a la LFT, el padrón que entregó el sindicato a la JLCA detalla el salario, nombre del cargo y de las y los agremiados, la autoridad insiste en negar el registro sindical «para favorecer los intereses de la universidad por encima de los derechos de las trabajadoras y trabajadores», acusó la sindicalista, quien denunció diversas irregularidades en el proceso.
Entre las anomalías está la intervención de las autoridades universitarias, las cuales «presionaron» a la JLCA para que negara la toma de nota, así como la «ola de represalias» contra el personal organizado.
REPRESALIAS
Muestra de ello es que el pasado 31 de enero, fecha en que iniciaron el semestre, Marilú Peña fue despedida: «Nadie me notificó formalmente, solo ya no me pagaron la segunda quincena de enero». Cuando ella preguntó le dijeron que no había entregado un informe, del cual la sindicalista tiene el acuse de recibido.
La rescisión de su contrato se suma a la de tres profesoras y dos maestros agremiados al sindicato, quienes fueron despedidos a principios de año.
Otro ejemplo del «acoso laboral» por parte de las autoridades es que las y los docentes contratados por asignatura, recibieron menos materias para impartir este semestre. «Regularmente les daban cuatro, sólo les dejaron una o dos materias», precisó Peña y denunció que las y los profesores perdieron el 50 por ciento de los ingresos que percibían.
La justificación de las autoridades para despedir y restar horas de trabajo al personal se basa en una «evaluación de alumnos», que de acuerdo con el rector de la UIIM, Hugo Rodríguez Uribe, y la secretaria académica, Rosa María Romero, «no ha sido avalada al 100 por ciento».
Frente a esta situación, el SITUIIM interpuso ayer un amparo ante un juzgado de distrito en Michoacán por la negación de la toma de nota. Esta semana interpondrá también demandas por despido injustificado en contra de la institución educativa.
Peña Guevara llamó a las autoridades universitarias, a la junta local y al secretario de Gobierno, Rafael Melgoza, para que «pongan alto al acoso laboral y a los despidos» y respeten la organización de las y los trabajadores, quienes ?aseveró? continuarán «firmes» en sus peticiones.
12/GCJ/RMB
