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Niñas y adolescentes, mayoría de víctimas de violencia sexual

Por Nelson Rodríguez, corresponsal

En Nicaragua, 8 de cada 10 mujeres víctimas de agresiones sexuales son niñas y adolescentes, según el registro de la organización IPAS, a partir de datos oficiales del Instituto de Medicina Legal (IML), adscrito al Poder Judicial.

Según el monitoreo de IPAS, de enero a octubre del 2011 se reportaron ante el IML cinco mil víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, de las cuales el 85 por ciento está entre los rangos de cero a 17 años de edad.

Pero las agresiones contra las niñas y adolescentes podrían ser más debido a que en muchos lugares, sobre todo en las comunidades alejadas de la ciudad, las víctimas están en total indefensión y no denuncian a sus agresores, dice María Elena Domínguez, enlace de la Comisión Coordinadora de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

Una de las preocupaciones de las organizaciones de mujeres es lo que ocurre en el municipio de Waspam, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), donde a pesar de que en 2011 se reportaron 124 mujeres de todas las edades víctimas de violación, no existe en el municipio una representación de la Fiscalía ni médico forense que ayude a sancionar a los violadores.

La falta de condiciones para el acceso a la justicia en las 114 comunidades rurales que tiene el municipio de Waspam, permite que muchos de los agresores vayan incluso hasta los centros de salud a intimidar a las víctimas.

Eso le ocurrió recientemente a María, de 22 años, quien fue quemada de pies y manos y luego fue violada por su novio, quien siguió en libertad y la fue a amenazar al centro de salud donde estaba internada, denuncia la Red de Mujeres Contra la Violencia.

Las autoridades no le dan prioridad al problema de la violencia contra las mujeres que vive Nicaragua, no así a otros problemas como el robo de ganado o el narcotráfico, contra los que sí existen planes y operativos policiales, critica María Elena Domínguez.

Así como existen recursos para esos otros problemas, las autoridades deberían de preocuparse por dar respuesta a la violencia y las agresiones sexuales contra las mujeres, demanda la activista.

Aunque el Poder Judicial diga que hay avances en la atención a los casos de violencia contra las mujeres, en la práctica ocurre lo contrario: las siguen enviando a trámites de conciliación aunque la ley no lo permita.

Hay muchas niñas y adolescentes huérfanas porque sus madres fueron asesinadas; estas niñas quedan con problemas psicológicos y además desprotegidas económicamente, y no existe programa del gobierno que atienda a estas personas, observa Domínguez.

RECOMENDACIONES DE LA ONU

El más reciente informe del Comité de los Derechos de la Niñez (CDN) de las Naciones Unidas brinda 89 observaciones y recomendaciones finales al Estado de Nicaragua, para garantizar el bienestar de la niñez y la adolescencia.

Entre las principales recomendaciones del CDN están asignar recursos necesarios para prevenir la violencia antes de que se produzca; prestar servicios de recuperación y reinserción social a las víctimas de violencia; que los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia tengan acceso a refugio; que el Estado se haga cargo de los gastos en los juicios para sancionar, y castigar a los agresores de niñas y niños víctimas de violencia.

El CDN de la ONU también recomienda al Estado sancionar y castigar a los agresores sin recurrir a la conciliación, y elaborar un Plan Nacional de Prevención, Atención y Recuperación para las y los niños víctimas de violencia y agresiones sexuales, tal y como lo han demandado también organizaciones nicaragüenses.

Finalmente el CDN recomienda al Estado renovar el Plan Nacional Contra la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes que caducó en 2008.

También el estudio reciente del organismo IPAS-Centroamérica titulado “Análisis sobre el marco jurídico-legal para la atención a las víctimas sobrevivientes de violencia sexual en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua”, hace varias recomendaciones a los Estados para mejorar la atención a las víctimas de este flagelo.

El estudio de IPAS, en el caso de Nicaragua, concluye que si bien hay avances en el marco jurídico el problema radica en la aplicación de esos instrumentos que aún es incipiente, lo cual trae consigo la creación de espejismos jurídicos que generan insatisfacción y frustración por parte de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y las instancias que las acompañan y apoyan.

En la conclusión del estudio IPAS sostiene que aunque existe la normativa 002 (2008) del Ministerio de Salud para que todas las clínicas y hospitales ofrezcan la Píldora de Anticoncepción de Emergencia, sólo un porcentaje mínimo es el que las tiene disponibles, por lo cual las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual se exponen al embarazo y luego se enfrentan a que en el país está penalizado desde 2006 el aborto terapéutico, y no se permite a las mujeres decidir sobre la interrupción del embarazo.

IPAS sugiere que se mejore la capacitación al personal de salud en los hospitales y centros de salud, para el manejo de evidencias legales en la atención a las victimas sobrevivientes de violencia sexual.

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