El recién decretado Programa Emergente para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Morelos no elimina la responsabilidad del gobierno federal y estatal de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, advirtió la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM).
Ante el reciente lanzamiento por parte del gobernador Graco Ramírez de la campaña “Morelos es Naranja” –que retoma las acciones contenidas en el Programa Emergente–, Juliana Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, dijo a esta agencia que las acciones no sustituyen a la AVG, pues “son cosas distintas, con diferentes objetivos y diversos alcances”.
Denunció que el programa fue anunciado como “un gesto de buena voluntad del gobierno y como parte del compromiso con las mujeres”, cuando en realidad es un decreto que responde a una “petición puntual” de las organizaciones civiles y a un mandato federal en respuesta a esa demanda.
Las medidas emergentes fueron ordenadas por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en septiembre pasado, luego de que la CIDHM solicitó la AVG al presentar un informe sobre 13 años de inacción del gobierno local para atender el feminicidio (que cobró la vida de al menos 530 mujeres entre 2000 y 2013).
Quintanilla destacó que si bien las medidas emergentes abonan en la lucha contra la violencia de género, de ser decretada la AVG implicaría acciones específicas e intervendrían las autoridades federales.
Recordó que el Inmujeres no rechazó la solicitud de AVG, sino que pidió que se adecuaran algunas cuestiones de “forma” para que pudiera someterse a votación ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Destacó que el feminicidio va en aumento en la entidad, pues mientras para julio de este año se habían registrado 35 asesinatos de mujeres, hasta el día de hoy la cifra asciende a 54 casos –según datos ciudadanos–, por lo que “no bastan el lanzamiento de campañas publicitarias, mesas interdisciplinarias y la capacitación”.
Es necesario –dijo Quintanilla– que el Protocolo de Investigación del Feminicidio, que existe desde 2012, sea utilizado por las autoridades ministeriales encargadas de indagar los casos, pues actualmente esto no ocurre y muchos crímenes quedan acreditados como homicidios dolosos.
En tanto, en conferencia de prensa con medios locales, Graco Ramírez dijo que la Procuraduría estatal tiene registrados 33 casos de feminicidio, lo que contrasta con los 54 casos documentados por las organizaciones civiles. Anunció que en breve será presentada ante el Inmujeres la solicitud de AVG “con todos los requisitos y de manera formal”.
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