Cerca de 300 niñas y niños ciudadanos estadounidenses, representantes de por lo menos cinco millones que abogan porque sus padres indocumentados no sean deportados, no se dan por vencidos ante el fallo de la Fiscalía federal del sur de Florida, que dijo «no tener jurisdicción» sobre la demanda que interpusieron en contra del presidente George W. Bush y su administración. Ahora el caso colectivo está en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
La presidenta de la campaña «Familia Latina Unida», Elvira Arellano, informó lo anterior, tras precisar que las niñas y los niños, «están preparados para testificar si los llaman a declarar».
El viernes pasado presentaron una moción pidiendo a la Suprema Corte que escuche el caso que va encaminado a una moratoria a las redadas y deportaciones de madres y padres de ciudadanos estadounidenses.
El hijo de Elvira Arellano, Saúl, de ocho años de edad, es uno de los menores de edad que integran la demanda colectiva, del total de 70 de esa entidad. Ella y su hijo se encuentran en la iglesia metodista. Elvira tiene orden de deportación y ha sido su hijo el que activamente ha estado participando en la defensa de su mamá.
Por su parte, el diario Hoy informa que ayer durante la conferencia de prensa, el Centro Sin Fronteras, en voz de su presidenta Emma Lozano, expresó que «si el presidente de los Estados Unidos ha reconocido que las leyes de inmigración son obsoletas, ¿por qué seguirlas aplicando, y no dictar una moratoria en tanto concluye el debate por una reforma migratoria?».
Alfonso Oviedo-Reyes, abogado especialista en inmigración, presidente de la Fraternidad Americana y encargado de representar la acción legal, precisó: «Radicamos la moción ante la Corte Suprema y esperamos una respuesta en los próximos 60 días».
Oviedo-Reyes también explicó que si la Suprema Corte declina tener jurisdicción sobre el caso, tendrán que regresar a la Corte local, que anteriormente les dijo que no tenía jurisdicción.
Añadió que la demanda plantea la violación de los derechos constitucionales de las niñas y niños estadounidenses a permanecer en su país de origen, pues al deportar a sus padres indocumentados también los están deportando a ellos.
Presentes en la conferencia estuvieron las y los demandantes, niños como Jonathan Lino y sus hermanas gemelas de cinco años, quienes dijeron sentirse afectados por las leyes de su país de origen, apunta el matutino Hoy.
«Necesitamos a mi mamá con nosotros», dijo Jonatan, cuya madre fue arrestada y encarcelada la misma semana que dio a luz a las gemelas, cuando se presentó a una cita con Inmigración, como parte del proceso para obtener la residencia permanente que solicitó su esposo, un ciudadano estadounidense.
Las niñas y los niños tendrán que esperar respuesta de la Suprema Corte 60 días.
DEPORTACIONES
En tanto, el Departamento de Seguridad Interior asegura que duplicará sus acciones de deportaciones. El año pasado ejecutó 17 mil 817 órdenes en contra de «extranjeros prófugos» de la justicia.
La agencia de noticias AP informa lo anterior y subraya que esta dependencia ha reducido drásticamente los atrasos en los casos de deportación de «extranjeros prófugos» que no se han presentado a sus audiencias de inmigración o se han escondido luego de recibir orden judicial de salir del país.
Entre septiembre de 2003 y septiembre de 2006, el número de las y los «prófugos» creció a un promedio de 5 mil 682 casos por mes o 68 mil 184 por año. La cifra ha empezado a descender en los últimos ocho meses y llegó a 500 por mes o seis mil por año en los últimos dos meses, dijo la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), la mayor organización policial de Estados Unidos.
En los últimos dos meses, según ICE, hubo 632 mil 189 «extranjeros prófugos» en Estados Unidos, destaca la agencia.
Indica también que actualmente ese departamento tenía 61 equipos de operaciones contra 18 de hace dos años, y hacia fines del año contará con 75.
«Al arrestar más prófugos y reducir el número de nuevos, estamos haciendo avances sin precedentes, dijo Julie L. Myers, subsecretaria de Seguridad Interior a cargo de ICE, refiriéndose al trabajo federal con las y los inmigrantes indocumentados.
ICE ha concluido también en septiembre de 2006 su práctica de detener y liberar en zonas de la frontera a inmigrantes indocumentados no mexicanos. Antes de esa fecha, sólo el 34 por ciento de extranjeros no mexicanos detenidos en esa área eran arrestados.
OTRA REDADA, AHORA EN PENSILVANIA
Y a la par de las deportaciones, las redadas continúan en el norte del país. El turno fue para la ciudad de Allentown, Pensilvania. Ahí, las autoridades estadounidenses detuvieron en una fábrica a 81 inmigrantes indocumentados originarios de México, Ecuador, Indonesia y Malasia.
La fábrica elabora envases para cremas y otros productos de uso personal. Y los dueños culparon de las contrataciones a una agencia de empleos temporales.
La redada fue parte de una campaña nacional para reprimir la contratación de trabajadoras y trabajadores indocumentados.
Los obreros de Iridium Industries están siendo procesados y serán deportados, dijo Ernestine Fobbs, vocera de la Agencia de Inmigración y Aduanas, quien se negó a divulgar por qué se llevó a cabo el operativo en esa instalación, reporta la agencia de noticias AP.
El gerente Wayne Migliaccio dijo que la redada apuntaba a una agencia de empleos temporales que proveía a la planta de empleados, no a Iridium.
Lo primero que me dijo el agente (de la ICE) Jason Rundell fue ustedes no son el blanco. Ustedes son la victima'», dijo Migliaccio en un mensaje electrónico a la prensa. Rundell dijo que el blanco de la operación era una agencia de empleos en particular, que funciona en la zona».
Pero ni Migliaccio ni las autoridades identificaron a la agencia.
Migliaccio dijo que Iridium recurre a varias agencias y que es responsabilidad de ésta, verificar el estatus migratorio de los trabajadores. Añadió que su empresa no tenía motivos para verificar el estatus de los empleados antes de la redada.
La semana pasada, agentes federales allanaron una planta procesadora de alimentos en Oregon y detuvieron a más de 165 trabajadores bajo cargos de inmigración ilegal, uso de documentos falsos y robo de identidad. En diciembre, más de mil 200 inmigrantes fueron detenidos en plantas del frigorífico Swift Co., en seis estados.
07/LPB/GG
