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No es común que denuncien mujeres jóvenes detenidas en operativos policíacos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

En los operativos policíacos el hostigamiento sexual y demás violaciones a los derechos humanos de las mujeres jóvenes detenidas no se denuncian, señaló en entrevista a Cimacnoticias Patricia Olamendi, ex Directora General de Atención a Víctimas de Delito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Sin embargo, aclaró Olamendi, “esto no quiere decir que no ocurran”.

Al pedirle su opinión, por vía telefónica, respecto al comportamiento de la policía en el operativo policíaco de la discoteca News Divine, el pasado 20 de junio, en la Ciudad de México indicó que por la magnitud de los atropellos cometidos contra 34 adolescentes detenidas durante el operativo “es que nos hemos enterado de los abusos, porque no es algo que se dé a conocer”.

En este caso, hay demasiadas violaciones a los derechos humanos de las adolescentes: por su condición de género y por ser jóvenes, por lo que se encontraban en mayor vulnerabilidad y “precisamente por ello debieron recibir atención especial”, agregó la también consultora de Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM por sus siglas en inglés) y también presidenta de Proyectos Mujer Asociación Civil (Promujer).

El operativo en la discoteca, ubicada en la Nueva Atzacoalco, delegación Gustavo A. Madero (GAM), al norte de la Ciudad de México, fue clasista aseguró: “El abuso fue provocado también por la condición social de las chicas. Ellas no debieron estar en un operativo así, se violentaron todos sus derechos humanos”.

También calificó de “grave” el papel que jugó el Ministerio Público. “No sé dónde estaba la subprocuración de atención a víctimas, debieron estar presentes en el momento de revisar a las adolescentes. Además, que para ver si traían golpes no tenían por que desnudarlas”.

Y alertó sobre la gravedad de que a diez días de la muerte de doce personas, entre ellas cuatro menores de edad, todavía no se haya dado a conocer la investigación en la que se finquen responsabilidades.

“Es necesario que se lleve a cabo una investigación correcta, que esclarezca los hechos, que se dé a conocer a la opinión pública y se señale a los responsables”, advirtió.

Asimismo consideró que la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no es suficiente, se requiere –dijo– de la participación “directa” del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

SE CASTIGUE A RESPONSABLES, ONG

De igual forma, veinte Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigieron al gobierno local esclarecer y asumir su responsabilidad como estado garante de proteger y defender los derechos humanos de la población de la Ciudad de México, la rendición de cuentas a la ciudadanía y a los organismos encargados de la procuración de justicia que permita garantizar que los responsables de este operativo sean sancionados conforme a lo establecido en el marco jurídico nacional e internacional.

A través de un pronunciamiento, las OSC denunciaron las violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas las y los jóvenes y adolescentes que se encontraban en News Divine durante el operativo policíaco.

Manifestaron que la aplicación de estos operativos se da en el marco de una política de criminalización hacia las y los jóvenes, que muestra la ineficacia de estas políticas y la negligencia por parte del Estado de garantizar medidas de seguridad y protección necesarias para salvaguardar la vida e integridad de niñas, niños y jóvenes que se vieron afectados en la discoteca.

Por el operativo, en el cual fallecieron nueve jóvenes, al menos 18 heridos y 106 detenidos, la mayoría de ellos adolescentes, las organizaciones exigen al Estado mexicano que cumpla con sus compromisos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, que ratificó en 1990.

De igual forma, les solicitan que “adopte medidas para prevenir y eliminar todo tipo de violencia institucional, principalmente, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes y que refuerce sus mecanismos judiciales para tramitar eficazmente las denuncias de brutalidad policial, malos tratos y abuso de niñas, niños y adolescentes”.

Así como “investigar los casos de violencia y abuso contra niñas y niños para evitar que los autores permanezcan en la impunidad y que asegure a las víctimas de esas prácticas que recibirán servicios adecuados para su tratamiento, recuperación y reintegración social”, señalan.

Las OSC firmantes son: Red por los derechos de la infancia en México, Ririki Intervención Social, El Caracol, FUNDAR, Fray Francisco de Vitoria, Acción Salud y Cultura, Cátedra UNESCO en Derechos Humanos, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, Educación con el Niño Callejero, EDNICA, Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI, Patronato Francisco Méndez, Red Democracia y Sexualidad, DEMYSEX, Visión Mundial de México, Melel Xojobal, Espíritu que Danza, Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, MAMA, Fundación Ayuda en Acción México, Protégeme, Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, Matraca.

08/GCJ/CV

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