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No está cerrado el caso de Ernestina Ascencio

Con el propósito de tapar y encubrir al Ejército, en el informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó sobre las causas de muerte de la señora Ernestina Ascensión Rosario oriunda de la comunidad de Tetlacinga, en Soledad Atzompa, Veracruz, presuntamente violada por militares, “hubo irregularidades deliberadamente cometidas”, consideró el periodista Miguel Ángel Granados Chapa.

Y es que a casi tres meses de la muerte de la señora nahua en la sierra de Zongolica, continúa el “debate” sobre la actuación de la CNDH ahora cuestionada en una mesa de análisis de este caso en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, “el caso no está cerrado” y observó “tres hilos sueltos”: por un lado, señaló, se puede exigir mediante una acción penal que el Ministerio Público de Veracruz reabra el caso en el ámbito penal veracruzano.

Además dijo, aún está en curso la investigación de la Procuraduría de Justicia Militar y en tercer lugar, está pendiente la recomendación que haga la CNDH.

Al hacer un recuento de las contradicciones “oficiales” en el caso, Granados Chapa cuestionó si la CNDH participa y tiene interés en todos los casos de homicidio, cuando su misión no es averiguar delitos sino violaciones a los derechos humanos y al mismo tiempo cual es la presencia del Ejército en la zona; ya que, sostuvo, no está ahí para combatir al narcotráfico.

En tanto, el diputado perredista Marco Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en San Lázaro sugirió una especie de “peritaje cultural”, el cual, dijo, podría dar un vuelco a los resultados de la investigación.

El perredista lamentó que Ernestina no haya sido ni la primera ni la última mujer violada por militares, por lo que sugirió conocer el perfil de estas mujeres que han sido abusadas y violadas por miembros del Ejército. ¿Serán líderes en sus comunidades?, ¿pertenecerán a grupos armados?, fueron algunas de las preguntas que el legislador dejó al aire.

Matías Alonso se pronunció por impulsar otras líneas de investigación, por nombrar a un grupo de expertos nacionales e internacionales para re-examinar el caso y evaluar la función del Ejército en la región, para lo que presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados.

Además informó que hace tres semanas se reunieron con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle que retome el caso, a lo que el organismo internacional respondió que lo hará una vez que se hayan agotado todas las instancias nacionales.

UN CASO PARADIGMÁTICO

La directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) Marisa Belausteguigoitia, señaló que el caso de la señora Ernestina se ha convertido en paradigmático por los elementos sociales, de género, culturales y geopolíticos: era mujer, indígena, pobre, de edad avanzada y la vinculación de su comunidad con movimientos de autonomía.

Para la académica, este caso ha logrado demostrar “la profunda impunidad de nuestro sistema jurídico y la desatención, descuido y hasta corrupción de nuestros servidores públicos” sobre todo, enfatizó, si se trata “de sujetos marginales”.

Criticó que Felipe Calderón se haya adelantado a hacer declaraciones en torno al caso “que sólo lo enredaron”, puntualizó, ya que adelantarse al juicio aún cuando éste resulte certero “es una medida de poder y de captura de la realidad”.

NO SE IRÁ DE LAS CALLES

Por su parte, en torno al papel del Ejército en la seguridad del país, ayer en la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, afirmó que el Estado mexicano hará uso de toda su fuerza para recuperar los espacios controlados por las organizaciones criminales y la delincuencia organizada.

Durante la reunión de trabajo que sostuvo con los diputados de la Comisión de Justicia que preside César Camacho Quiroz, el procurador enfatizó que el Ejército mexicano se mantendrá por un tiempo razonable en el combate a la delincuencia organizada, toda vez que el artículo 29 constitucional faculta al presidente de la República a hacer uso de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad de la sociedad mexicana.

Medina Mora reiteró que la participación del Ejército en la batalla por recuperar la paz, tranquilidad y las zonas geográficas disputadas por las organizaciones del crimen organizado, están legitimadas en la Ley Orgánica de las fuerzas armadas y en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo explicó que la estrategia es integral y consta de 3 etapas: los operativos son el primer paso para recuperar la geografía y abatir los niveles de violencia, además de restablecer la confianza ciudadana.

El procurador general de la República señaló como un segundo paso la reconstrucción del Estado, en tanto que el tercero es para lograr la participación de la ciudadanía y fomentar la cultura de la denuncia.

Medina Mora puntualizó que a pesar del esfuerzo que realiza el gobierno mexicano para combatir el narcotráfico, Estados Unidos no ha colaborado lo suficiente principalmente en lo que tiene que ver con el tráfico de armas y lavado de dinero.

07/LGL/CV

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