“Cuide a sus hijos, señora”, es la sentencia que dicta el sentido común de los abogados o abogadas, en los procesos de divorcio o custodia ante las lagunas legales que evidencian una falta de normatividad para la convivencia de los menores y sus padres.
La consecuencia extrema de estas omisiones en el Código Civil y de Procedimientos Civiles federales es la historia de Lulú, nombre utilizado para proteger su identidad, una maestra a quien el padre y su familia robaron en 1993 a su hija e hijo preescolares un fin de semana cualquiera.
Cuando ganó la custodia de sus menores ya era tarde, puesto que habían salido de la ciudad hacia Michoacán, Chihuahua o Baja California, estados todos donde los fue a buscar. Años más tarde una colega de Lulú encontró a sus hijos en la primaria donde daba clases, pero al mismo tiempo se enteró que el padre la había dado por muerta.
Diez años después, el hombre que se llevó a los niños está enfermo y quizá, a punto de fallecer. Lulú, con papeles en mano para ir a recoger a sus hijos, se pregunta cómo decirles “que no es un fantasma y recuperar el tiempo perdido.”
La complejidad para determinar si hay delito o no en que un padre, madre o abuela sustraiga a un menor de la casa o escuela, dificulta incluso nombrarlo, porque no es propiamente robo, ni desaparición.
Así, lo aseguran en las oficinas de prensa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), donde explican que carecen por tanto, de cifras sobre esta situación que afecta el desarrollo emocional de niñas y niños, padres y madres.
Sin embargo, en una reunión de personal del TSJDF con el Movimiento de Padres y Madres en Lucha por sus Hijos AC, se manejaron 22 mil casos en todo el país de menores imposibilitados para ver a su padre o a su madre separados.
Estos auténticos secuestros o robos familiares, que de acuerdo con la psicóloga con práctica independiente Magdalena Prado conllevan violencia psicológica, mentiras y abuso infantil, se cometen por madres o padres, por abuelas y abuelos, prácticamente en la impunidad.
Fabricio es un niño de la clase media alta en esta ciudad. Asiste a una escuela prestigiosa de la colonia del Valle y aunque aún no acaba la primaria tiene celular. Pero Fabricio ha sido víctima de un juego similar a “espía contra espía” amaneciendo de un día a otro lejos de su padre o su madre.
Una tarde, la abuela paterna le pide permiso a la madre para llevarlo a comer y desaparecen una semana. Meses más tarde, argumentando el fallo del juez a su favor, la madre lo recoge de la escuela y se lo lleva.Todo ello, en medio de una batalla legal plena de acusaciones entre los ex cónyuges.
Para Víctor Hernández, secretario del Movimiento de Madres y Padres en Lucha por sus Hijos, la incapacidad de jueces y ministerios públicos “las lagunas legales, la corrupción y otras irregularidades” para encontrar a los menores sustraídos y hacer valer la custodia y patria potestad violenta las leyes mexicanas y tratados internacionales sobre derechos de la infancia.
El derecho en cuestión, precisa, es a la convivencia de niñas y niños con su padre o madre “que no está regulada en ninguna ley y sobre la cual las autoridades no están listas a responder, incluyendo la presidencia”, aseguró tras una entrevista con la coordinadora de Atención Ciudadana en los Pinos, Laura Carrera.
El código civil local y federal, aunque se refiere a la convivencia de los menores con su madre o padre, salvo en los casos en que corre peligro, no establece nada en referencia a los momentos y lugares en que se debe dar.
Por ello, entre el desinterés oficial y las intensas emociones que la separación genera, el abogado Eduardo Casillas insiste “Cuide a sus hijos” cuando inicia un trámite legal de divorcio.
2003/MR/MEL
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