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No hay fecha para ratificar convenio a favor de empleadas del hogar

Por Anaiz Zamora Márquez
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A dos años de que el Estado mexicano aprobó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos laborales de las y los trabajadores del hogar, las autoridades federales manifiestan en el discurso su aval a tal acuerdo, pero en los hechos dilatan su ratificación en perjuicio de más de 2 millones de personas empleadas en ese sector, el 95 por ciento mujeres.   
 
Así ocurrió ayer en el Senado, durante la “Mesa de diálogo para el impulso de la ratificación del Convenio 189”, en el que representantes de las secretarías de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE), y del Trabajo y Previsión Social (STPS) alabaron una y otra vez las bondades del acuerdo, pero nunca dijeron cuándo se presentará el dictamen ante la Cámara alta para que sea ratificado. 
 
Representantes y colectivos que defienden y promueven los derechos de las trabajadoras del hogar –presentes en el evento– manifestaron su indignación por la falta de compromiso del Ejecutivo federal, toda vez que confiaban en que se presentaría el dictamen para ratificar el Convenio 189.
 
Tras la aprobación en 2011 por parte del Estado mexicano del Convenio 189 de la OIT, el Ejecutivo debió realizar una consulta con las instituciones que pudieran resultar afectadas por la normatividad.
 
Luego de la consulta, el Ejecutivo, a través de la SRE, tendría que enviar un dictamen sobre la viabilidad del convenio al Senado, para su eventual ratificación.
 
Ayer, las y los funcionarios –tras sus discursos “a favor” de ese acuerdo– confirmaron ante organizaciones civiles e instancias de la ONU que la consulta no ha concluido y que no hay plazo para la presentación del dictamen.
 
En declaraciones a Cimacnoticias, el director  general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Alejandro Alday, “echó la bolita” a la STPS al asegurar que el proceso de consulta estaba en manos de esta dependencia, la cual –apuntó– aún no votaba a favor de la ratificación.
 
Alday añadió que ya se había trabajado en un dictamen, pero que con la reforma de noviembre de 2012 a la Ley Federal del Trabajo (LFT) se tuvo que repetir la consulta, por lo que –insistió– “no se sabe cuándo podría emitirse el dictamen”.

Durante su intervención en la mesa de diálogo, Raul Anell Moreno, director de Políticas Laborales para la Mujer y la Infancia de la STPS, no especificó si la dependencia apoyaría o no la ratificación del convenio.
 
Igualmente, Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, tampoco fijó plazos para la presentación del dictamen.
 
MOLESTIA
 
Ante los discursos vacíos y la falta de compromiso de las y los representantes del Ejecutivo federal, Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, dijo a esta agencia que los funcionarios tienen la obligación de ratificar “de inmediato” el Convenio 189.
 
Lamentó que las dependencias federales sigan afirmando que impulsarán la ratificación, pero que el proceso para ello después de dos años aún no sea claro. “Yo estaba muy contenta hasta que hablaron y salieron con que están en un proceso que habían dicho ya había terminado”, acusó.

En el mismo tenor, Inés González, integrante de la Fundación Friedrich Ebert-México, urgió al Ejecutivo a no sólo ratificar el convenio sino a garantizar su implementación, pues –advirtió– “de nada sirve la ratificación si se queda todo en el papel y no en los hechos”.
 
La senadora perredista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, criticó el discurso de las y los funcionarios y que las dependencias no reconocieran su responsabilidad para avalar a la brevedad el convenio.  
 
Apuntó que las legisladoras sólo están en espera del dictamen para apoyarlo y votarlo de manera positiva, pues “el Convenio 189 debe ser aprobado ya” para avanzar en la protección de los Derechos Humanos de las trabajadoras del hogar. 

De aprobarse el Convenio 189, éste sería vinculante para el Estado mexicano obligándolo a reformar la LFT para que las trabajadoras del hogar puedan exigir un salario mínimo, jornadas máximas de ocho horas, pago de tiempos extras, vacaciones con goce de sueldo y aguinaldo, entre otras garantías.

Hasta ahora el convenio ha sido ratificado por nueve países: Bolivia, Filipinas, Guyana, Italia, Mauricio, Nicaragua, Paraguay, Sudáfrica y Uruguay.
 
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