A un año del siniestro ocurrido en el Pozo 3, en la región carbonífera de Coahuila, el Ministerio Público estatal no ha detenido al dueño de la empresa Binsa, Melchor González Vélez, presunto responsable del homicidio de 14 mineros.
En tanto, el gobierno federal «olvidó» su promesa de indemnizar a las familias, darles una casa y pensionar a las viudas con un salario de 500 pesos diarios.
Actualmente ellas reciben la quinta parte del salario que ganaban sus esposos, alrededor de 105 pesos al día, cantidad insuficiente para mantener a sus hijas e hijos.
María de Jesús Estrada, viuda del carbonero Julio César Sifuentes, dijo a Cimacnoticias que a los dos meses de la explosión en el Pozo 3, propiedad de la empresa Binsa, las autoridades federales y del estado se olvidaron de las viudas y familiares de los trabajadores caídos el 3 de mayo de 2011.
Tal es el caso de Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo y ahora candidato al Senado por el PAN, quien tras el siniestro anunció a las viudas que recibirían pensiones conforme al salario real que percibían los mineros (500 pesos diarios), una indemnización y una casa, pero el ex funcionario no cumplió ninguno de sus compromisos.
Actualmente las viudas reciben cerca de 2 mil 600 pesos mensuales, equivalentes a 105 pesos diarios, la quinta parte de lo que ganaban los trabajadores del carbón, denunció María de Jesús Estrada, quien es madre de dos niñas y un bebé. «Con esa pensión no vamos a vivir», reclamó la viuda de 27 años de edad.
Laura Elizabeth Sifuentes, viuda del minero Juan Carlos Escobedo, explicó que la pensión que reciben en un inicio era provisional «en lo que nos daban la del salario real», y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ganaron el laudo por 500 pesos diarios, pero Binsa interpuso un amparo y lo ganó, «por eso nos quedamos con pensiones de 2 mil 570 pesos».
La mujer de 34 años de edad y madre de tres hijos abundó que Javier Lozano les prometió fijar una indemnización para cada familia, pero «después dijeron que como ya teníamos pensión, ya no nos correspondía indemnización».
Con la explosión, Laura Elizabeth también perdió a uno de sus hermanos y a un primo. La muerte de su hermano, quien tenía 38 años, enlutó a su esposa y a sus cuatro hijos.
Sifuentes dice que a pesar de conocer el peligro que representa para los mineros trabajar en los pozos de carbón, su esposo y familiares «tenían que bajar por necesidad; en la mina ganaban 2 mil a la semana y en la maquiladora apenas pagan 800 pesos».
«Mi esposo llegaba todo mareado, decía que había mucho gas», mencionó María de Jesús Estrada, quien denunció que tras el fallecimiento de su pareja en el Pozo 3 se han registrado más muertes por la negligencia con la que operan estos yacimientos.
Además de la negligencia en la región prevalece la impunidad, ya que el dueño de Binsa, Melchor González Vélez, «anda libre», denunció la viuda, quien añadió que ni el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ni el alcalde de San Juan Sabinas, Antonio Nerio, «nos dan la cara cuando les exigimos justicia», refirió Laura Elizabeth.
De acuerdo con la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), el Ministerio Público coahuilense «permanentemente pospone las audiencias a las familias, y no ha dictado sentencia contra los responsables de la muerte de los mineros».
En un comunicado, añade que las autoridades postergan las audiencias de forma «innecesaria e inexplicable». Además la averiguación por homicidio culposo se inició porque las viudas se niegan a aceptar que los responsables «paguen la reparación del daño», sin que haya una sentencia contra quien resulte culpable del deceso de sus esposos y familiares.
La OFPC también lamentó que Jesús Fernando Lara, de 14 años de edad, quien perdió un brazo en la explosión del Pozo 3, donde laboraba, no haya recibido pensión ni la casa que le ofreció el gobierno federal.
Para esta organización, lo ocurrido en el yacimiento de Binsa es la «historia de siempre: negligencia e impunidad», la misma que padecieron las 63 familias de los mineros caídos en Pasta de Conchos y de las más de 125 familias de trabajadores fallecidos en siniestros posteriores en la región carbonífera de Coahuila.
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