De acuerdo con el informe preliminar de la comisión especial designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar las presuntas violaciones a la periodista Lydia Cacho, se descarta la posibilidad de una sanción a funcionarios del gobierno de Puebla, encabezados por el titular del ejecutivo estatal Mario Marín, principal implicado en el caso de la periodista.
Al presentar este día el informe preliminar, el ministro Juan N. Silva Meza dejó en claro que «la facultad de dicha indagatoria no es de carácter jurisdiccional» ni tiene como objeto sancionar a los responsables de haber violado «presuntamente» las garantías individuales de la periodista.
El pasado 25 de enero, cuando se conformó la nueva comisión investigadora, la SCJN determinó que el objetivo fundamental de la investigación se centraría «en la existencia o no de un posible concierto de autoridades del estado de Puebla para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho».
Pero puntualizó que si dentro de la investigación los comisionados encontraran hechos o situaciones «diversos» que a su vez pudieran constituir violaciones graves de garantías individuales, éstos podrán ser tomados en cuenta.
En un comunicado del máximo tribunal del país, el ministro penalista Juan Silva Meza, quien se manifestó en contra de la primera investigación realizada por la SCJN y que ahora la encabeza, explicó ante el pleno los lineamientos generales de esta nueva investigación que «formalicen las actuaciones anteriores y den eficacia, certeza y seguridad jurídica a la investigación constitucional».
Entre ellos mencionó que a cada integrante de la comisión investigadora se le asignó una facultad y se determinó que quienes comparezcan ante la comisión se les garantizará el respeto a su persona y la igualdad en el goce de sus garantías individuales, como lo dispone la Constitución Política mexicana y otros instrumentos internacionales.
Hasta ahora, según lo explicó Silva Meza, se han recabado 52 testimonios de personas, así como de empresas e instituciones públicas y han obtenido expedientes, informes y datos generales relacionados con la investigación.
Trabajo, enfatizó el ministro, que se ha realizado «con el más alto nivel de confidencialidad, reserva y secrecía».
Pero también, puntualizó, se establecieron disposiciones administrativas, entre las que destacó contar con el auxilio de defensores públicos para la práctica de las diligencias, así como a directores de asistencia social de las entidades correspondientes para que especialistas en psicología, psiquiatría estén presentes en las mismas (diligencias).
Entre otras determinaciones, se nombró a un funcionario que auxiliara al director en la coordinación de los trabajos, para lo que designó a uno de sus secretarios.
Por ahora, señaló, se inició el desahogo de las diversas testimoniales ordenadas y las que éstas han venido generando.
El ministro Meza Silva anunció la conclusión de la participación de la ministra Emma Meza Fonseca en la indagatoria, quien participó en la primera investigación, misma que determinó que «no había elementos suficientes para investigar a Marín y sus subalternos.
Finalmente, el ministro enfatiza que la investigación a su cargo continúa «y la Comisión pretende cumplir, cabalmente, con lo determinado por el Tribunal Pleno».
La SCJN conformó la nueva comisión investigadora el pasado 25 de enero en respuesta a la solicitud del Congreso de la Unión para que esta instancia investigara las presuntas violaciones a las garantías individuales de la periodista y escritora Lydia Cacho.
Para entonces, el máximo tribunal del país había dejado abierta la posibilidad de que la nueva comisión investigara las redes de pederastas, tras señalar que «como el engrose aprobado por la mayoría suprimió el párrafo en el que expresamente se señalaba que la investigación no comprende a las redes de pederastia, el pleno de la Honorable SCJN determina el mandato a la comisión investigadora».
07/LG/GG
