Las necesidades de salud reproductiva que tienen las mujeres que migran a Estados Unidos en busca de trabajo frecuentemente no son identificadas ni cubiertas, por lo cual constituyen una población vulnerable.
La falta de acceso a servicios de urgencia en casos de violación, como anticoncepción de emergencia, pruebas de embarazo, profilaxis para infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo VIH/SIDA, e interrupciones legales del embarazo, son algunos de los vacíos en servicios de salud a los que se enfrentan.
Lo anterior se trató el pasado 31 de agosto, cuando el Colegio de la Frontera Norte presentó la sexta jornada del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, en el cual uno de los temas fundamentales fue la violencia sexual sufrida por las mujeres mexicanas que emigran para buscar un trabajo.
Claudia Díaz Olavarrieta, investigadora titular del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señaló durante su ponencia que en el último decenio las mujeres han pasado a ocupar un sitio importante en el flujo migratorio en la frontera más grande del mundo.
Solicitan empleo como trabajadoras agrícolas, domésticas y en otros sectores mal remunerados con el fin de mejorar el ingreso y estatus económico de sus familias. Estadísticas recientes, algunas publicadas y otras anecdóticas, han documentado que estas mujeres frecuentemente son víctimas de violaciones a los derechos humanos incluyendo violencia sexual durante el tránsito migratorio, afirmó la investigadora.
Díaz expuso que existen determinantes sociales, culturales y económicos que limitan o en algunas ocasiones restringen severamente el acceso a los servicios de salud.
El tema del empoderamiento entre la población de migrantes es siempre controvertido ya que existen fuerzas sociales dominantes en los EU que continuamente tratan de contrarrestar y minimizar la contribución social y económica tan importante que las mujeres y hombres migrantes aporta a la sociedad en los EU, explicó Díaz.
Sin embargo, los mayores problemas que enfrentan las migrantes son la ignorancia de los estadounidenses, quienes piensan que las y los mexicanos van a robarles sus servicios de salud. Sin embargo, una ley estadounidense que entró en vigor en 1996 prohibió a las y los emigrantes con documentos hacer uso del Medicaid (servicio de salud de EU) durante los primeros cinco años de su residencia.
Otro de los mitos que enfrentan las migrantes es que una de las principales razones que tienen para trabajar en Estados Unidos es acceder al Medicaid, pero la realidad es como jornaleros, lavaplatos o trabajadores de la construcción, o cualquier otro empleo que logren obtener, no tienen acceso al seguro médico como prestación.
07/JP/GG
