Es absurdo que el Poder Legislativo del Distrito Federal ceda a presiones de grupos conservadores y por ello retrase la aprobación del dictamen, y en su caso la aprobación, de la Ley de Sociedad de Convivencia, aseguró la representante de la Unión Nacional de Familias Diversas (UNFD), Guadalupe Salazar.
En conferencia de prensa, realizada en el área de Comunicación Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), señalaron que no es posible que abandone su papel histórico en el reconocimiento de derechos de la sociedad capitalina, pues nadie puede imponer que sólo determinado tipo de núcleos familiares cuenten con reconocimiento y protección jurídica.
Dio a conocer que en este país «existimos familias que no somos nucleares, es decir que estamos integrados por una madre, padre o hijo, como quisiera la administración federal panista actual y la derecha de este país».
Señaló que su agrupación apoya la iniciativa de Ley de Sociedad de Convivencia pues en su agrupación están madres jefas de familias, madres lesbianas, que por cuestiones de discriminación no se asumen como tal frente a instancias oficiales o privadas.
Por su parte, en tribuna, diputada independiente Martha Delgado aseguró que la aprobación de la Ley de Sociedad de Convivencia representará el reconocimiento del derecho a la diferencia y de que en una sociedad plural y democrática las personas pueden decidir legítimamente sobre sus relaciones personales.
Durante su pronunciamiento dijo que hoy reconocer la pluralidad también se manifiesta en las opciones sexuales no convencionales y en diferentes formas de vida que no se encuentran precisamente guiadas conforme a la moral de la mayoría.
Es por ello, aseguró la asambleísta, que la iniciativa se halla en el terreno de la defensa de los derechos de las personas y no en el de su moral particular, y por ello, «diputadas y diputados, debemos comenzar por situar a la propuesta en sus justos términos».
En ese sentido, explicó que no se trata de una ley de uniones gay. La iniciativa consiste en reconocer derechos a aquellas personas que decidan integrarse en un hogar común y derivar compromisos recíprocos de esta integración, y no se reduce a un contrato civil sólo para personas del mismo sexo. La sociedad de convivencia, apuntó, es una figura que no riñe con el matrimonio ni con el concubinato, es una figura que pretende dar certeza jurídica a relaciones de hecho que están reguladas por la ley.
Así, pidió a las diputadas y diputados que ante la pluralidad de formas de vida en la sociedad «debemos legislar. La democracia está en el terreno de los derechos y no en el de la moral».
03/RGL/GMT
