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Nueva Identidad

Por Mónica Pérez

La posición de la delegación mexicana en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, en 1995, fue resultado de la participación de 19 grupos integrados por más de 200 personas de varios sectores de la sociedad, así como de consultas, foros y aportaciones de más de 250 organizaciones no gubernamentales en todo el país.

En este sentido, tanto la Plataforma de Acción como la Declaración, productos de dicha conferencia, expusieron aspectos que preocupan tanto a los gobiernos como a la sociedad en general sobre la condición de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Debido a la importancia de los acuerdos logrados durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha diseñado mecanismos de evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Plataforma de Acción.

A diez años de Beijing, México ha logrado avances sustantivos en materia de equidad de género y justicia para las mujeres. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer.

LEGISLACIÓN: RECUENTO DE LOS AVANCES

En México, la Constitución Política en su artículo primero resguarda la igualdad de hombres y mujeres y establece que queda prohibida toda discriminación motivada por el género.

Además, en su artículo cuarto manifiesta que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta figura jurídica refiere que hombre y la mujer tienen los mismos derechos y obligaciones en el hogar.

En un informe sobre el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) indica que actualmente, en 14 de los 32 códigos civiles estatales la violencia familiar puede ser causal de divorcio, sin embargo, en menos de la mitad de esos 32 códigos esa causal puede ser la violencia hacia las y los hijos.

La mayoría de ese tipo de delitos se castiga al o la agresora con un mínimo de cuatro meses a seis años de cárcel, lo que les permite alcanzar la libertad bajo fianza, con excepción del código del Distrito Federal. Lo anterior, se debe a que los códigos civiles definen la violencia familiar pero no el código penal o viceversa.

En el ámbito de las relaciones familiares se presenta una grave incertidumbre jurídica para las mujeres y la niñez. Las normas secundarias mexicanas no tutelan debidamente esos derechos por algunas razones jurídicas.

Existen experiencias positivas como en el Código Civil para el Distrito Federal donde se señala que en la demanda de divorcio, los cónyuges podrán demandar del otro una indemnización de hasta el 50 por ciento del valor de los bienes adquiridos durante el matrimonio, siempre que el demandante se haya dedicado al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, es decir se reconoce el valor económico del trabajo doméstico.

En materia electoral, las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), así como la presencia de las acciones afirmativas en 22 de las 32 Leyes Electorales Estatales, han tenido impacto en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres.

Asimismo se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que incorpora medidas concretas para lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres y las niñas.

Por otra parte, en enero de 2004 se modificó la Norma Oficial Mexicana sobre los Servicios de Planificación Familiar, con el fin de garantizar el derecho de la población femenina a decidir en materia de salud reproductiva al orientar a las mujeres sobre el uso de diversos métodos anticonceptivos como la pastilla anticonceptiva de emergencia y el condón femenino.

Según el Inmujeres se encuentran pendientes de aprobación varias iniciativas de reforma a artículos de la Constitución en materia laboral, así como las reformas a la Ley del Seguro Social, y a la Ley Federal del Trabajo para evitar que los empleadores o patrones exijan a las mujeres el certificado de no gravidez como condición indispensable para la contratación.

Además, se encuentran en el Congreso reformas para la compatibilidad de horarios de las madres trabajadoras con la escuela de sus hijas e hijos, para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en materia de educación sexual, así como para apoyar a padres y madres en el sistema de guarderías.

En lo referente al derecho a una Vida libre de Violencia, de las 31 entidades federativas, 25 ya cuentan con una ley de atención y prevención de la violencia familiar.

Finalmente destaca la aprobación en el año 2000 de la Ley para la Protección de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, la cual establece las obligaciones de los gobiernos federal, estatales y municipales, y las que corresponden a los padres o tutores, a efectos de garantizar los derechos de este sector de la población.

2005/MP/LR

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