La nueva Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito «es insuficiente» para atender a quienes sufrieron algún crimen sexual o violencia intrafamiliar, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Enoé Uranga Muñoz.
En breve entrevista con cimacnoticias, la legisladora advirtió que la ley aprobada por la ALDF el pasado 23 de diciembre, carece de un esquema más amplio que incluya de una manera específica la atención y el apoyo a las víctimas de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar.
La diputada local por Democracia Social explicó que la reparación del daño, figura legal prevista en la nueva legislación, en el caso de los crímenes de índole sexual «no se resuelve con dinero», sino con una atención integral médica y psicológica que permita una «recuperación moral» de las víctimas.
Uranga Muñoz se pronunció por que a la nueva ley se le adicione un capítulo que amplíe la responsabilidad del Estado en cuanto a la atención y la asistencia social, médica y sicológica, para las personas que han sufrido agresiones sexuales y violencia intrafamiliar.
De esa manera, precisó, la atención a las víctimas de esos delitos tendría un carácter interinstitucional, con la participación directa de instituciones privadas y organizaciones civiles especializadas en el tema.
La legisladora también consideró que la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito debe estipular la creación de más albergues para las personas víctimas de violencia sexual e intrafamiliar. En la ciudad de México existe un albergue de ese tipo creado en 1997, y el cual es único en el país.
Uranga Muñoz confió en que el fondo para la atención y apoyo a las víctimas, que contará con recursos del gobierno capitalino y aportaciones de organismos públicos, privados y sociales, contribuirá a impulsar una atención integral para las personas que sufran esos crímenes.
En ese sentido, expuso que ese fondo «cobijaría» los daños físicos causados por delitos sexuales, y ayudaría a las mujeres víctimas a que instituciones privadas les practiquen abortos en caso de resultar embarazadas por violación.
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