Pugnar por una ciudadanía crítica, implementar políticas públicas de protección a las personas, no al Estado, y evitar las tentaciones de «mano dura» y abuso del poder que reprimen los derechos fundamentales, son premisas urgentes para frenar la violencia sistematizada que no solo delincuentes, sino autoridades, han aplicado sobre la población.
En ello coincidieron expertos del derecho penal y las humanidades, así como académicos de diversas instituciones de educación superior, durante el foro «Seguridad Pública y Derechos Humanos», en el cual se analizaron diversas acciones implementadas a nivel nacional y local y que tienen que ver con medidas como «el toque de queda», retenes anti alcohol, revisiones antidoping en las escuelas, cateos de vehículos y domicilios sin previa orden, entre otras.
Alejandra Rangel, filósofa, editorialista, integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), destacó que es urgente recuperar el pensamiento crítico de la ciudadanía pues, dijo, «estamos sumidos en el silencio, porque estamos sumidos en el miedo».
En un mundo dominado por el poder del Estado y del dinero, es importante saber qué tanto estamos concientes de lo que ocurre, pues resulta que domestican a la ciudadanía hasta hacerles creer en las bondades de las mismas medidas que lesionan sus garantías individuales, puntualizó.
Por su parte, Gonzalo Reyes Salas, abogado y catedrático penalista, dijo que por encima de los individuos, se busca proteger al Estado, a la seguridad pública, a la autoridad y a la administración de justicia, lo cual queda enmarcado en el Código Penal, al que él citó como el «Derecho Penal del enemigo», donde la ciudadanía es el victimario y el Estado la víctima.
Ello explica que las medidas de seguridad pública implementadas en Nuevo León repriman los derechos fundamentales de la población, agregó, y propuso estudiar las políticas de seguridad desde la perspectiva de su impacto en los derechos humanos, y no desde la visión de autoprotección del Estado.
Jorge Aguirre, director de la División de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey (UdeM) comentó que la escalada de violencia en el país y en la entidad ha propiciado una «tentación irresistible para los poderes públicos para reprimir mediante el abuso de poder, el uso de la violencia sistematizada y la violación flagrante de los derechos humanos».
Por último, Claudio Tapia, abogado activista, consideró que la sociedad mexicana vive una amenaza real de autoritarismo con los discursos y acciones de «mano dura», «al precio que sea», «guerra», y destacó que lo fundamental es la participación de la ciudadanía para exigir el respeto primordial de los derechos humanos.
El foro, realizado la noche del pasado martes, fue convocado por las asociaciones civiles Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Artemisas por la Equidad, Colectivo Plural de Mujeres, Género, Ética y Salud Sexual, Centro de Estudios y Taller Laboral, y Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León, y forma parte de una serie de medidas para sensibilizar a la comunidad acerca de que las garantías individuales están por encima de cualquier acción contra la inseguridad.
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