La crisis económica por la que aún atraviesa el país, sumada a la «descomposición política», no es un escenario favorable para la discusión de una reforma laboral que responda a las necesidades de las trabajadoras y trabajadores del país, aseguró Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México.
Durante el seminario «La Reforma Laboral y los Contratos de Protección Patronal», organizado en el marco de la Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección Patronal (CCPP) en México, el especialista en derecho del trabajo indicó que no existen condiciones para lograr mejoras al mercado laboral mediante modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
De acuerdo con Miranda Esquivel, especialista en justicia laboral, el deterioro en el ámbito laboral podría verse todavía más afectado si se aprueba una reforma laboral, con las características de la propuesta el 18 de marzo por el Partido Acción Nacional (PAN).
La iniciativa panista, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para su eventual discusión, no pretende mejorar la situación de las trabajadoras y trabajadores del país, de quienes las mujeres representan el 38 por ciento.
Se trata, dijo, de una propuesta que favorece los intereses empresariales por encima de los derechos de la mano de obra en México, todo ello, con la finalidad de fortalecer el modelo económico actual, el cual «está totalmente agotado».
Lograr mayor productividad y competitividad mediante la «legalización» de la flexibilidad laboral, «representarían mayor explotación y concentración de la riqueza social en pocas personas, familias y empresas», advirtió.
Reiteró su rechazo, no sólo por la iniciativa del blanquiazul sino porque se discuta en la Cámara de Diputados cualquier propuesta de reforma laboral, pues explicó que la conformación mayoritaria de la «derecha» (en alusión al PAN y al Partido Revolucionario Institucional) en ese recinto, pone en riesgo los derechos de las y los trabajadores mexicanos.
Debido a la «ausencia de correlación de fuerzas favorables en el Congreso», junto con la crisis económica «hace imposible conseguir una reforma democrática para el mundo del trabajo o aún una reforma flexible con protección social».
Sostuvo que el entorno no es nada favorable para las y los trabajadores sindicalizados o no, ya que la recuperación económica «es una farsa», ya que los «estándares internacionales» indican que tardará 4 ó 5 años más.
A decir de Eduardo Miranda «intentar una reforma laboral democrática, como la que pretenden algunos diputados, sería permitir o abrir una falso debate sobre las bondades de cualquier reforma».
La problemática del trabajo en México no se debe a la falta de legislación, sino a que la ley vigente no se cumple, el conflicto radica en que quienes deben hacer cumplir la legislación laboral, no lo hacen, concluyó.
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