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Oaxaca: asesinato de reporteras comunitarias, parte de ola represiva

Por Redaccion

Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca, autoridades municipales y radios comunitarias denunciaron que el clima de violencia represiva que sufren los pueblos de Oaxaca se ha incrementado en los últimos meses.

Los secuestros, detenciones y asesinatos son una política de Estado, con la cual el Gobierno de Ulises Ruiz busca frenar la lucha legitima de nuestros pueblos, señalan.

Como ejemplo de la violencia cotidiana que se vive en el estado mencionaron la muerte de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, reporteras y locutoras de la radio comunitaria del municipio autónomo de San Juan Copala, quienes fueron emboscadas y asesinadas el pasado 7 de abril, así como los recientes asesinatos, aún impunes, de los líderes indígenas Placido López Castro, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, señalan en un comunicado difundido por Cencos.

Las organizaciones que suscriben el comunicado son: Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala, Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, CODECI, OIDHO, Autoridades Municipales de Yosotatu, CACTUS, Centro de Orientación y Asesoría a los Pueblos Indígenas COAPI, Asoc. Nacional de Abogados Democráticos, AMAP, MAIZ, UCIZONI, CAMA, Codedi´Xanica, Radio Ayuuk, Radio Huave, Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la tierra.

Asimismo, Radio Triqui, CEDAPI. Consejo de Organizaciones y Pueblos de la Chinantla, Bienes comunales de Chalcatongo, Bienes Comunales de San Juan Yaveo, Comité de Presos Políticos de Ixcotel, Alianza Magonista Zapatista, estudiantes de la UABJO, Comisión Magisterial de derechos Humanos de la Secc. 22 del SNTE, Radio Arco Iris

ASESINATO DE REPORTERAS

El asesinato de nuestras compañeras, quienes eran locutoras de la Radio Triqui, “La Voz que Rompe el Silencio”, patrocinada por el Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala –explican las OSC en el comunicado– fue perpetrado en las proximidades de Llano Juárez, Juxtlahuaca, “zona donde ha sido denunciada la actuación de una banda de pistoleros ligada al partido Unidad Popular”, en un acto más de represión del Gobierno que encabeza Ulises Ruiz, el gobernador del estado.

Ante lo que consideran un nuevo crimen de Estado, demandan una investigación a fondo y el castigo de los autores materiales e intelectuales del mismo, que la investigación sobre este nuevo hecho de sangre que conmueve a la región Triqui sea atraída por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de periodistas y por la Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionada con atentados en contra de los comunicadores.

Recuerdan también que, como parte de la situación que priva en el estado, en diferentes cárceles se encuentran injustamente detenidos Pedro Castillo Aragón, Flavio Sosa, Adán Mejía López, Miguel Ángel García, Miguel Juan Hilaria, Víctor Hugo Martínez Toledo, Roberto Cárdenas Rosas, Reynaldo Martínez Álvarez, Juliantino Martínez García, Homero Castro López, Constantino Castro López y Abraham Ramírez Vázquez, de quienes exigen su inmediata liberación, así como la cancelación de órdenes de aprehensión libradas en contra de cientos de indígenas y dirigentes sociales.

Afirman que la impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una política parapolicial y represiva, violatoria de las garantías constitucionales, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

Sintetizan puntualmente sus exigencias a las autoridades en el castigo para los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Felicitas Martínez, Teresa Bautista, Lauro Juárez, Rosalino Díaz y Plácido López Castro.

También, en la liberación inmediata “de nuestros compañeros” injustamente detenidos y la cancelación de cientos de órdenes de aprehensión libradas en contra de dirigentes sociales y representantes de pueblos indígenas. La presentación con vida de Virginia y Daniela Ortiz García, desaparecidas desde julio del 2007.

En la intervención de la Procuraduría General de la República en estos crímenes, de acuerdo a sus facultades legales. Y en el cese a la represión del Gobierno de Ulises Ruiz en contra del movimiento social en Oaxaca y el respeto pleno al derecho a la Autonomía de los pueblos Indios.

JUSTICIA PARA TERESA Y FELICITAS: PERIODISTAS

En tanto, las y los periodistas de la Red Nacional de Periodistas de México, La Red de México Centroamérica y el Caribe; la Red Trinacional de Periodistas: México, Estados Unidos y Canadá; la Red Latinoamericana de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, exigieron por medio de sendas misivas al Gobierno mexicano la inmediata investigación de los asesinatos de las periodistas Teresa Bautista y Felicitas Martínez, locutoras y reporteras de la radio “La Voz que Rompe el Silencio”, así como el castigo a los culpables.

En asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez, explican, se suma a una larga de atentados contra periodistas de México, que al día de hoy siguen en la impunidad, dicen el casi centenar de periodistas México, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá en su carta a las autoridades.

Aseguran que atentar contra las y los periodistas en un país que se dice democrático es sinónimo de atraso y preocupación, cuando México se coloca en el segundo país, en todo el mundo, más peligroso para ejercer el periodismo.

Como periodistas comprometidas con la libertad de expresión y con los derechos humanos de las mujeres exigimos al gobierno mexicano la inmediata investigación y el castigo a los culpables, así como todas las garantías necesarias para el libre ejercicio del periodismo en México, explican las periodistas de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó de manera enérgica el asesinato de las comunicadoras, al igual que la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (Felatracs), crimen que se enmarca en la violencia contra las mujeres en la región Triqui, como resultado del conflicto político.

08/GG/CV

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