El combate al crimen organizado emprendido por el Gobierno federal invisibiliza la violencia contra las mujeres, la seguridad de ellas no es prioridad para los gobiernos, pese a las cifras: 549 mujeres asesinadas y 631 fallecidas por causas relacionadas a la maternidad, en los últimos 10 años.
En un acto que conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que en Oaxaca se lleva a cabo el 24 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil, junto con representantes de los gobiernos estatal y municipal, se unieron por primera vez para pronunciarse y exigir leyes y presupuestos que garanticen seguridad y una vida libre de violencia para las oaxaqueñas.
En la voz de Anabel López Jiménez, representante de las organizaciones no gubernamentales, y de Bárbara García Chávez, regidora de Equidad y Género del Gobierno de Oaxaca de Juárez, a nombre de las instituciones públicas, expusieron «estar de acuerdo en que la violencia feminicida implica la inexistencia del Estado de Derecho, el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional, una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad».
Con el lema «Si nos hubiéramos puesto en sus zapatos, ellas estarían vivas», en el corazón de la capital oaxaqueña, frente al reloj de la Catedral y bajo la sombra de los laureles del zócalo, se instalaron más de 300 pares de zapatos de mujeres para simbolizar «el tamaño de la violencia» y la ausencia que dejan las asesinadas o quienes mueren por no recibir atención de manera oportuna y por la violencia machista durante el parto, embarazo o puerperio.
Frente al «combate del crimen organizado», las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia en el país se encuentran en una situación de crisis, «para ellos la seguridad de las mujeres no es parte de la seguridad pública, ni es una prioridad para los gobiernos, pues en tanto se destinan fuertes presupuestos a la compra de armas, contratación y pago de policías, se destinan «insignificantes presupuestos» para hacer frente a la violencia feminicida, en tanto que las reglas de operación son patéticas.
Las mujeres organizadas interrumpieron el ir y venir de la gente que curiosa preguntaba por los zapatos instalados en diversos escalones, mientras en pequeños plotters las numerarias mostraban más de mil pequeñas muñecas, cada una simbolizando a las asesinadas o contradictoriamente las que perdieron la vida por dar vida.
Pese a esa situación, expusieron que en la reciente reforma a la Ley de Seguridad Pública y en la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública, el tema no sólo está ausente sino que ni siquiera hay indicios para la creación de unidades de policía especializada en violencia contra las mujeres o de una unidad que ejecute las órdenes de protección emanadas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, ni tampoco la creación de centros de reeducación a los hombres que ejercen violencia.
SIN RECURSOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Mujeres de los Colectivos Huaxyacac y Mujeres Lilas, del Consejo Democrático, universitarias y profesionistas independientes, plantearon que frente a la problemática se requiere revisar el esquema de coordinación fiscal, para evitar que los Ramos 28 y 33, del gasto federalizado, por ejemplo, no contemplan ni una vertiente para darle pelea a la violencia de género contra las mujeres.
Es evidente que se requiere una política presupuestaria federalizada, asunto ausente en la Ley General que se pretende armonizar sin el menor cuidado en las entidades federativas. Urge que el Congreso Federal diseñe un Fondo de Aportaciones nuevo que responda al fenómeno de la violencia de género contra las mujeres.
Titulares del IMO y el Instituto Municipal de las Mujeres, Norma Reyes y Silvia Bustamante, respectivamente, y de las organizaciones reiteraron su demanda de eliminar la mediación y la conciliación como mecanismos de resolución de la violencia contra las mujeres, punto que sostuvieron «es irrenunciable».
Así como un marco jurídico que asegure la obligación de diseñar, ejecutar y evaluar acciones orientadas a la prevención y que la sociedad perciba la violencia de género contra las mujeres como delito, como un problema de derechos humanos, de salud pública y de seguridad pública, lo que sin duda llevará a desnaturalizar el fenómeno y a prevenirlo de manera estandarizada.
URGE LEY DE ACCESO Y RECURSOS
Por tanto, exigieron que la LX Legislatura local apruebe de inmediato la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, la asignación de recursos suficientes y etiquetados que garanticen un buen funcionamiento del Sistema Estatal para prevenir, atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres en el Estado de Oaxaca y rechazaron que sea una instancia asistencialista como el DIF Estatal, quien administre la atención a este problema social.
Las organizaciones plantearon que la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es un recordatorio de la violencia que asesinó a las hermanas Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, en la República Dominicana, misma que en Oaxaca se conmemora el 24 y no el 25 de noviembre, luego de que desde el año pasado se realizan actividades de protesta como recordatorio de la represión de elementos del la PFP y detención de más de 300 personas durante el conflicto social-magisterial de 2006.
08/SJE/GG
