La noticia de que Marcelino de Jesús Martínez, originario de Oaxaca y migrante en California, vendiera a su hija de 14 años a cambio de dinero, cerveza y carne, vuelve a despertar el tema de los usos y costumbres que afectan a las mujeres, en especial a las indígenas.
Martínez, según datos de El Universal en línea, vivía en el Condado Monterey, a unos 225 kilómetros al Sur de San Francisco, e hizo arreglos con un intermediario para casar a la menor de edad con Margarito de Jesús Galindo, de 18 años, también originario de Oaxaca, a cambio le entregaría 16 mil dólares en efectivo, 160 cajas de cerveza, 150 cajas de bebidas como refrescos, dos de vino y seis de carne.
Para Norma Reyes Terán, titular del Instituto Oaxaqueño de las Mujeres (IMO), este tipo de «trata» de personas, como la pretendida venta de su hija hecha por Marcelino de Jesús Martínez, ahora preso en California, no es exclusiva de personas originarias de Oaxaca, y en cambió sí señala como responsable al Estado mexicano y a Felipe Calderón Hinojosa, por no cumplir los compromisos contraídos a través de instrumentos internacionales que defienden los derechos de las mujeres.
La noticia difundida en medios de Estados Unidos de Norteamérica y propagada rápidamente en México, parece ubicar a Oaxaca como el único responsable, añade la funcionaria, quien acusa de esa situación al gobierno de derecha que encabeza Calderón Hinojosa, al faltar a su responsabilidad, entre otras cosas, de publicar el Reglamento de la Ley sobre Trata de Personas, donde el 80 por ciento son mujeres y niñas.
«Pretenden regresar el problema a Oaxaca, como la única entidad donde suceden estas cosas, lo está haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres y algunas dependencias federales» y con ello «me parece que buscan lavarse las manos y dejar que Oaxaca sea visto como responsable, cuando el primer comprometido es Felipe Calderón».
Para la funcionaria y quien ha permanecido en el cargo de titular del IMO desde que fue creado en el sexenio de José Murat, el Gobierno de Calderón mutila las políticas que buscan reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.
Sostiene que hay una enorme complejidad en las legislaciones penales del país, con una gran diversidad de enfoques, donde otro de los pendientes es legislar sobre el rapto, considerado como otra forma de trata de personas y que las entidades lo excluyen.
Se trata entonces de ver las cosas desde un sentido multicultural, de legislar, pero también de que el Ejecutivo cumpla con su responsabilidad, que publique el Reglamento (de la Ley sobre Trata de Personas), que se instale una Comisión Interinstitucional y que el Congreso pueda decidir sobre un fondo para combatir este fenómeno.
Reyes Terán plantea que los estados pobres, como Oaxaca, viven las mismas desigualdades que pasan las mujeres con respecto a los hombres: el 96 por ciento del presupuesto de Oaxaca es federal, sujeto a las reglas de operación que se le ocurra a la Federación, con toda una acción oscurantista y de derecha.
Por ello, pone el dedo en el renglón al advertir que «la película está clara, el Gobierno federal no ha asumido su responsabilidad, misma que baja a los estados y a los municipios, mientras no se articule en torne a una política federalista y deje de ser centralista, falta mucho para resolver el problema de la desigualdad».
Entre tanto, la venta de una niña de 14 años por parte de su padre es una historia repetida, ahora pública en el estado norteamericano de California, donde Marcelino de Jesús Martínez permanece arrestado.
Aunque las autoridades creen que hay consentimiento de la menor de edad para vivir con Jesús Galindo, su edad no es legal de consentimiento sexual en California.
09/SJ/GG
