Debido a que se cometieron irregularidades en el proceso judicial de tres niños víctimas de violación agravada y pornografía infantil, cometida por el fotógrafo Norberto Dionisio Martínez Luis, en el Colegio Guadalupe de las Hermanas Mercedarias, ubicado en el Municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, el Gobierno de la entidad admitió la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A un año del ataque contra las y los niños en el área de preescolar de la escuela católica, el Ombudsman nacional señaló omisiones en la respuesta que el gobierno local dio cuando le fue requerida información, lo que hace presumir que los responsables de las dependencias de la administración de Ulises Ruiz no realizaron las diligencias para atender y resolver el caso.
La subsecretaria de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Rosario Villalobos Rueda, aseguró que se aceptó el documento de la Comisión y se revisa si los señalamientos del organismo público tienen fundamento o están equivocados.
La funcionaria no descartó sugerir cambios en algunas de las dependencias citadas por la Comisión, como son la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública, «instancias que dejaron pendiente el tema por más de un año», según la recomendación.
En la recomendación, la CNDH denunció que los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado no velaron la integridad de los menores de edad.
También exigió que se realice «conforme a derecho» una investigación a la escuela donde se ejecutó el delito, para, en caso de encontrar irregularidades, se suspenda la prestación del servicio.
Villalobos Rueda explicó que el gobierno estatal debe responder el cumplimiento de la solicitud que demanda garantice a los menores de edad agraviados y a sus familiares la reparación del daño antes del 27 de agosto.
Recordó que la recomendación tiene como objetivo subsanar las omisiones en que incurrieron las autoridades que vulneraron los derechos de los niños.
«La administración estatal debe involucrarse y nunca más permitir que se repita un delito de esa naturaleza (pornografía infantil)», reiteró.
A un año de los acontecimientos ocurridos en el área de preescolar de colegio católico, algunas familias de los menores de edad agraviados abandonaron esa localidad, como ocurrió con la madre de un niño de cuatro años, quien cambió su residencia al conocer que el fotógrafo Norberto Dionisio Martínez Luis, agresor de su hijo, goza del beneficio del amparo.
TESTIMONIOS
Como informó Cimacnoticias el 29 de agosto 2008, los abusos sucedieron el 28 de mayo de ese año, cuando las y los niños de la escuela fueron fotografíados por Dionisio Martínez, propietario de Foto California, quien es además esposo de la regidora de Hacienda del Ayuntamiento de Ocotlán, Gema Oliva Díaz Maldonado, para una celebración en la escuela.
Las y los niños dijeron a sus madres y padres que el agresor, con apoyo de Minerva Díaz Torres, los obligaron a quitarse la ropa interior y así fueron fotografiados.
Madres y padres de familia acudieron al Ministerio Público para denunciar el abuso, pero no la recibieron argumentando falta de personal y propuso la autoridad una cita con la directora del colegio, la religiosa Guadalupe Castellanos, «para ver a qué acuerdo llegaba con ella». En un principio pareció creerles, pero luego acusó a las y los niños de mentirosos.
El abusador rechazó las acusaciones y madres y padres acudieron entonces ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y contra la Mujer, donde entregaron el equipo del fotógrafo, como fue asentado en la averiguación previa.
Sin embargo, el abusador denunció el robo de una computadora portátil, un reloj digital, una impresora y una cámara fotográfica, y los acusadores fueron inculpados en un proceso penal que no tomó en cuenta que niñas y niñas habían sido abusados.
Hubo tráfico de influencias, denunciaron madres y padres de familia, quienes esperan que la revisión del caso implique justicia para sus hijos.
09/PB/PB
