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Oaxaca: marchan para exigir castigo a profesores pederastas

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), madres y padres de familia, niñas y niños, encabezados por Leticia Valdés Matell, madre del niño ultrajado en el Instituto San Felipe, en Oaxaca, marcharon el pasado domingo por las calles de esta ciudad para exigir castigo a los agresores y que se termine la impunidad.

Tenían como fin llegar hasta donde se encontraban representantes de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) para denunciar el retraso en la aplicación de justicia en el caso.

Acompañaron a Valdés Matell cerca de un centenar de madres y padres de familia, niñas, niños y las integrantes del Movimiento por la Equidad (MOVE). Partieron de la fuente de Las Siete Regiones hacia la sede la iglesia de Los Pobres, en la colonia Reforma, con pancartas que mencionaban Gobierno de Oaxaca, encubridor de pederastas y En Oaxaca, ¿otro gober precioso?.

A su llegada a la iglesia de Los Pobres, Valdés Martell, se entrevistó durante dos horas con los representantes de la CCIODH. Al término del encuentro dijo que los integrantes del organismo internacional se mostraron muy atentos y sensibles al caso de su hijo. Pidió a las madres y padres de familia estar atentos de sus hijas e hijos y no permitir este tipo de actos.

Aseguró que a casi dos meses y medio de la instalación de sus anuncios espectaculares en el Aeropuerto y en la Glorieta Lázaro Cárdenas, donde denuncia el abuso de su hijo, lo único que ha logrado es despertar la indignación en la sociedad, «pero que en las autoridades no ha logrado nada, pues aún siguen sin resolver el caso».

Cabe destacar que Valdés Matell en reiteradas ocasiones ha exigido castigo para los agresores de su hijo: el maestro Adán Salvador Pérez Ramírez y el profesor Hugo Gabriel Constantino García, quienes abusaban sexualmente del menor de cinco años que estudiaba en el Instituto San Felipe, uno de los colegios de mayor prestigio en la ciudad de Oaxaca.

Sobre este mismo caso, el padre Wilfrido Mayrén Peláez, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz (CDJP), envió un escrito a los observadores internacionales, donde afirma que la CDJP apoya y respalda a la Familia Valdés Martell en la búsqueda de aplicación de justicia en el expediente 191/DS/2007.

En dicho expediente, el Ministerio Público (MP) reunió la información suficiente producto de la investigación, se acreditó plenamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las personas denunciadas, por lo que el juez tercero de lo penal libró las órdenes de aprehensión respectivas.

Es por ello que «nosotros no podemos negar hechos que se han demostrado verdaderos, ni impedir que la justicia haga lo que tiene que hacer. Al contrario, queremos romper ese círculo vicioso y terrible de encubrir al agresor y apoyar a quienes lo protegen».

Si hoy no se apoya a la familia que con decisión y valentía denuncia los hechos, es muy probable que el día de mañana sin escrúpulos de ninguna índole este daño aborrecible se siga repitiendo con otras niñas y niños indefensos, como seguramente ya ha pasado con otros, que para evitar el escarnio social se quedaron callados, afirma Mayrén Peláez en el documento.

Consideramos que la pederastia es un delito de lesa humanidad, crimen abominable que merece ser castigado con todo el peso de la Ley. No debe haber fueros, etiquetas, influencias, compadrazgos o grupos que impidan la aplicación de la ley, dice.

RECOMENDACIÓN

Por su parte, en comunicado de prensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que en este caso emitió la Recomendación 04/2008 dirigida al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, «por las prácticas dilatorias en que incurrió la Fiscal en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la entidad».

Indica que se hizo la recomendación porque durante la integración de la Averiguación previa por el caso del menor de edad agredido física y sexualmente por personal de una escuela particular el 7 de noviembre de 2006, esa autoridad mantuvo inactivo el expediente durante cinco meses, a pesar de que la familia del niño aportó todos los elementos de prueba a su alcance para el debido esclarecimiento de los hechos.

El documento de la CNDH detalla que posteriormente la madre del niño fue citada de manera extraoficial en las oficinas de esa Procuraduría, donde la Fiscal en cuestión le propuso un «arreglo conciliatorio» con los probables agresores de su hijo.

Además, personal de la Procuraduría General de Justicia no cumplió con dos órdenes de aprehensión que giró el juez tercero de Primera Instancia en Materia Penal en Ixcotel, Centro, Oaxaca, dentro de la causa penal 133/2007 contra dos de los tres presuntos responsables de la agresión.

Como consecuencia de ese retraso en la procuración de justicia, a finales de septiembre de 2007, la madre del agraviado dio a conocer el caso a los medios de comunicación, lo que provocó la indignación de la sociedad. Y el 29 de ese mes y año se realizó una marcha para exigir justicia y que se enviara a la cárcel a los agresores.

El 3 de octubre de 2007 la CNDH recibió la queja formulada por la señora Valdés Matell, en la que denunció la lentitud de las autoridades para investigar y castigar a los profesores de la escuela privada en que atacaron sexualmente a su hijo.

Por todo ello, en su Recomendación 4/2007, la CNDH pide al Gobernador de Oaxaca girar instrucciones para que se brinde auxilio al menor de edad agraviado, a las víctimas y a los testigos de los hechos, y para que se tomen medidas de seguridad que eviten algún acto de intimidación o represalia en su contra.

También recomienda que el Procurador General de Justicia del estado ordene efectuar las diligencias necesarias para dar cumplimiento a las dos órdenes de aprehensión que libró el juez tercero de Primera Instancia en Materia Penal en Ixcotel, Centro, Oaxaca, dentro de la causa penal 133/2007 contra otros tantos presuntos responsables.

Que se dé vista al Órgano Interno de Control de la Procuraduría, y se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente al Agente del Ministerio Público encargado del trámite de la averiguación previa 191(D.S)/2007, y que se informe a la CNDH desde su inicio hasta su conclusión.

Igualmente, solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca inicie un procedimiento administrativo de investigación contra los servidores públicos de ese organismo que omitieron intervenir oportuna y debidamente en el caso del menor de edad.

También que las autoridades educativas estatales lleven a cabo la inspección de la escuela particular en la que estudiaba el menor de edad agredido y se evalúe la calidad de la enseñanza, así como las condiciones de dignidad y seguridad en las cuales se presta el servicio educativo y, de encontrarse irregularidades, se adopten las medidas cautelares previstas en la normatividad estatal, para que ese plantel suspenda la prestación del servicio.

Asimismo, la CNDH pide al Gobernador que haya mecanismos administrativos para que los probables responsables de un delito de agresión sexual contra menores de edad, que por sus funciones deban estar en contacto con ellos, sean separados inmediatamente, hasta en tanto exista una determinación final respecto de su situación jurídica.

08/JCMyGT/GG/CV

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