La reforma al Artículo 25, párrafo segundo, de la Constitución Política del estado de Oaxaca, podría quedarse como un catálogo de buenas intenciones si no se le da seguimiento y se hacen las modificaciones que se requieren en las leyes secundarias, afirmó la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, Perla Woolrich Fernández.
En entrevista con Cimacnoticias con relación a la modificación aprobada al Artículo 25 por integrantes de la LX Legislatura local, en el que se establece y ratifica el derecho de las mujeres de todas las comunidades de Oaxaca a votar y ser votadas, así como sancionar su inobservancia, la diputada de Acción Nacional apunta que «lo hermoso del Congreso de Oaxaca es que trabajamos para lo incierto».
Lo anterior, con relación a la inexistencia de iniciativas ni fechas para dar seguimiento a las modificaciones que se necesitan en las leyes secundarias, como el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEO) para garantizar la real participación eligiendo a sus autoridades o como candidatas a ocupar cargos de elección popular.
Mientras eso no suceda, la realidad es que se le dará una «revolcada» al Artículo 25 y no garantizará que las mujeres sean electas en las comunidades.
La propuesta de modificar el Artículo 25 de la Constitución local, enviada por el gobernador Ulises Ruiz como consecuencia de la repercusión internacional que tuvo el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, zapoteca a quien no se le permitió ser electa autoridad en su comunidad de Santa María Quiegolani en noviembre de 2007, es en realidad es una muestra de la inequidad que se comete contra muchas oaxaqueñas, sostiene la diputada.
Woolrich Fernández indicó que la iniciativa gubernamental era una transcripción literal de lo que ya estaba en la Constitución, se requería de algo más claro para que fuera entendido por las autoridades que se rigen por usos y costumbres, «porque para garantizar la participación nos van a mandar a cuidar casilla, sin que nos den verdaderamente el derecho de votar y ser votadas, que es lo toral».
De acuerdo con la legisladora, la modificación establece por tanto «propiciar prácticas democráticas en las comunidades del estado de Oaxaca para la elección de sus ayuntamientos, establecer los mecanismos que permitan la plena y total participación de las mujeres en dichos procesos electorales, y garantizar su derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad frente a los varones».
Es decir, necesariamente requiere de modificaciones al CIPPEO, pues aunque ya están establecidas las cuotas de género y la ley plantea el derecho de participación de las mujeres, es necesario resolver como sancionar a los partidos políticos que no cumplan, como señala la disposición constitucional, que dice que sancionará su inobservancia.
Perla Woolrich, quien recuerda las diversas demandas planteadas desde el Pacto para consolidar la equidad de género –organismo que conformaron en 2003 mujeres organizadas e independientes— sostiene que, como entonces, otra vez «se dejó pendiente» la forma de garantizar la sanciones a las instituciones políticas, «es decir, fue como darle a una revolcada y se resolverá hasta cuando haya una reforma al CIPPEO».
La medida de sancionar la inobservancia está entrampada, desde la visión de la legisladora, quien apunta que existen avances en todos los partidos políticos, como ejemplo citó que este fin de mes Acción Nacional en su Asamblea nacional reformará su Estatuto político y será obligatoria la participación de las mujeres en un 40 por ciento, tanto en cargos de elección popular como dentro de la administración del PAN.
La legisladora apunta que en el Congreso local se trabaja para lo incierto, pues se carece de una fecha para revisar o reformar las leyes transitorias y aunque existe el compromiso de Ulises Ruiz de darle seguimiento, no hay para cuándo, sostiene.
Lo que sí se tiene –agrega– es que el Congreso local deberá en los próximos 60 días organizar foros de consulta en todo el estado, para escuchar las opiniones y realizar las modificaciones que se requieren a las leyes secundarias.
«El asunto esta pendiente», termina Woolrich Fernández.
PROBLEMA NACIONAL
Actualmente, en el país existen dos mil 435 comunidades rurales con usos y costumbres que impiden a las mujeres ejercer su derecho pleno a votar y ser electas en cargos de elección popular, informa el Instituto Nacional de las Mujeres en un comunicado.
Tan sólo en Oaxaca, 418 de los 570 municipios se rigen por usos y costumbres, en 82 de ellos la mujer prácticamente no existe ya que ninguna de las leyes comunitarias la menciona, lo que significa que no les permiten tomar decisiones sobre sí misma, su familia, en la comunidad y, mucho menos, participar en la vida política.
En el ámbito nacional, 52 por ciento del padrón electoral está compuesto por mujeres, sin embargo su presencia en la política es limitada a pesar de que cada día va en aumento. Por ejemplo, en los congresos estatales, las mujeres representan sólo el 20.9 por ciento del total de diputados locales a nivel nacional, dice el comunicado.
Asimismo, en la Cámara de Senadores solamente hay 23 mujeres, que representan 18 por ciento del total de 128 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados, el 23.2 por ciento de la representación corresponde al sexo femenino, es decir 116 diputadas.
En los poderes locales representados por las presidencias municipales, que son las instancias de gobierno de mayor cercanía con la población, la participación de las mujeres es mínima: 3.9 por ciento, lo que significa que sólo 96 municipios tienen a una mujer como presidenta municipal.
En cuanto a la presencia de mujeres en la Administración Pública Federal, de las 19 Secretarías de Estado solamente tres están representadas por una mujer: Relaciones Exteriores, Energía y Educación Pública.
08/SJE/GG/CV
