Lauro Juárez, dirigente comunitario indígena chatino recientemente elegido Regidor de Hacienda en el municipio de Santa María Temaxcaltepec, estado de Oaxaca, sufrió una presunta desaparición forzada el 30 de diciembre en el sitio conocido como Cerro del Vidrio, municipio de Juquila, donde se celebraba una protesta junto a una carretera, informó el Centro de Comunicación Social (Cencos).
El 26 de diciembre de 2007, unas mil 200 personas, entre las que se encontraban Lauro Juárez, otros dirigentes comunitarios y habitantes de los municipios de Santa María Temaxcaltepec, San Gabriel Mixtepec y Santos Reyes Nopala, iniciaron una manifestación a lo largo de la carretera que une la ciudad de Oaxaca y Puerto Escondido.
Protestaban por la negativa del Instituto Estatal Electoral a reconocer a los representantes municipales elegidos en Santa María Temaxcaltepec según los usos y costumbres tradicionales indígenas, un sistema que se practica en la mayoría de los municipios indígenas del estado de Oaxaca.
Los manifestantes denunciaban además una serie de incidentes violentos y amenazas que se habían producido en las asambleas electorales en las cercanas comunidades de San Gabriel Mixtepec y Santos Reyes Nopala. Es decir, contra las imposiciones ejercidas por las autoridades municipales, en defensa del respeto de los usos y costumbres de las comunidades, así como para solicitar la desmilitarización inmediata de la mencionada región.
El 29 de diciembre, ante el temor de las represalias de la policía local y de grupos de hombres armados, los manifestantes desconvocaron la protesta y decidieron que al día siguiente levantarían el bloqueo al camino. Algunos empezaron a regresar a sus casas.
Sabían que un grupo encabezado por Freddy Gil Pineda Gopar, presidente municipal saliente de Santos Reyes Nopala, se dirigía al lugar con el fin de desalojarlos, y por ello pernoctaron en posadas cercanas al paraje en donde se encontraban.
Sin embargo, a la mañana siguiente no fue posible establecer dónde estaba Lauro Juárez, de 43 años de edad, originario y vecino de la comunidad de La Arena, en Santa María Temaxcaltepec, Juquila, quien se quedó atrás cuando la mayoría de los manifestantes ya se habían marchado.
Se le vio por última vez a primeras horas del 30 de diciembre, alrededor de las 2 de la mañana, durmiendo en una casa junto al lugar de la protesta, en compañía de pobladores de Santa María Temaxcaltepec, Santos Reyes Nopala y San Gabriel Mixtepec. Su maleta se encontró en aquel lugar, pero él y su manta han desaparecido.
El mismo 30 de diciembre, unos 70 hombres armados con machetes y armas de fuego bloquearon el acceso a la carretera de Santa María Temaxcaltepec y se dedicaron a golpear e intimidar a quienes pasaban por allí y a impedir el regreso de los manifestantes a sus casas, dice Cencos.
Ante todo ello, diversas organizaciones, incluidas Amnistía Internacional y el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), iniciaron una acción urgente para solicitar a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, al Gobernador de Oaxaca, al Procurador General de Justicia del estado de Oaxaca, Presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca y al Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, que lleven a cabo sin demora una investigación independiente e imparcial sobre la suerte y el paradero de Lauro Juárez y sobre los informes de violencia durante las elecciones locales en los municipios de Santa María Temaxcaltepec, San Gabriel Mixtepec y Santos Reyes Nopala.
Piden también que garanticen la seguridad de las y los manifestantes y otros dirigentes locales recientemente elegidos, que pueden correr peligro de ser atacados por grupos armados ilegales.
La desaparición del dirigente indígena se ha denunciado ante la Procuraduría General de Oaxaca y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
ACOSO A DIRIGENTES COMUNITARIOS
En México, explica en su comunicado Cencos, los dirigentes comunitarios que tratan de hacer valer los derechos de los indígenas locales se han convertido frecuentemente en blanco de amenazas, acoso y cargos penales falsos, especialmente por parte de las autoridades estatales y municipales. Pero los responsables rara vez son identificados o procesados.
Recuerda además el texto que «muchas comunidades indígenas de México viven en una pobreza extrema, con altos niveles de violencia. Y las autoridades de los estados que cuentan con una población indígena considerable, especialmente los estados del sur como Oaxaca, a menudo eluden su deber de proporcionar recursos adecuados para abordar de forma efectiva los problemas que han conducido a la marginación de estas comunidades, como las dificultades para acceder a atención médica, educación, transporte público y tierras».
La desaparición de Lauro, dice la OMCT, recuerda la detención en incomunicación y presunta desaparición forzada de los señores Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, ocurrida en Oaxaca el 25 de mayo de 2007, y de quienes hasta finales de diciembre de 2007 aún no se conocía nada ni sobre su paradero ni sobre su integridad personal.
Y solicita a las autoridades de México, para los tres casos de desaparición, tomar todas las medidas necesarias para implementar condiciones mínimas de seguridad y de respeto de la integridad personal de todas las personas que sean privadas de la libertad, de acuerdo con sus leyes nacionales y con sus compromisos adquiridos con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
08/GG/CV
