El presidente Barack Obama impulsa una ley que le daría a él y a sus sucesores el pleno derecho para detener y encarcelar a cualquier persona en Estados Unidos sin necesidad de investigación, sin cargos penales, sin juicio y mantenerla detenida indefinidamente.
La Ley Acto de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) ha sido prohijada bajo la premisa de la guerra contra el terrorismo, pero en realidad tiene un subtexto de control de Estado sobre la información que la ciudadanía quiere, necesita y produce para saber lo que sus líderes políticos y el sistema hacen y quieren hacer tras sus espaldas.
Los abogados que defienden esta propuesta presidencial han admitido públicamente aquí, en Estados Unidos, que gracias a esta ley el Presidente tendría el poder para encerrar a periodistas, corresponsales de guerra y activistas de Derechos Humanos que «pongan en peligro la seguridad nacional por la información que manejan».
Es decir, que informen a la sociedad de aquello que el gobierno no quiere que sepan, como las muertes civiles en Irak, el fracaso de la ocupación en Afganistán, las negociaciones secretas para apoyar a Israel en la ocupación/guerra contra Palestina, y la fallida guerra contra las drogas en México.
La reconocida activista Tangerine Bolen, fundadora de la organización Revolution Truth (La revolución de la verdad) ha encabezado una demanda civil en contra de Barack Obama, Leon Panetta y los ocho congresistas, cuatro demócratas y cuatro republicanos, que lo apoyan en este despropósito contra la libertad de expresión e información.
Entre quienes han iniciado el juicio civil contra Obama está el famoso Chris Hedges, periodista de The New York Times, corresponsal de guerra, ganador del premio Pulitzer y autor de 10 libros.
A su lado, Kai Wargalla, la mujer que con su Twitter detonó el movimiento Occupy London. Bolen asegura que ella votó por Obama, pero ahora puede reconocer sus fallas y cómo ha pasado a integrarse al grupo de poder de quienes por la «guerra contra el terror» son capaces de justificar asesinatos e invasiones, y engañar a la sociedad para que los avale.
Ella está entre los miles de activistas horrorizados ante el asesinato de casi un millón de iraquíes en una guerra iniciada por una mentira de George W. Bush.
De acuerdo con la Ley NDAA, una o un reportero que entreviste fuentes de contraste, consideradas como enemigos por el Estado, pasa a formar parte de los enlistados como terroristas.
Desde que iniciaron esta cruzada, los teléfonos y correos electrónicos de periodistas y activistas contra esta ley han sido intervenidos. Tangerine asegura que a pesar de que su gobierno parezca haber olvidado la Constitución y la importancia del debido proceso, ella y millones de norteamericanos no lo olvidan.
Felipe Calderón lleva años señalando a la prensa libre como enemiga del Estado, al criticar las estrategias de guerra. Diversos gobernadores del país han desarrollado leyes que acoten a toda persona, periodista, o usuaria de redes sociales, que comunique la violencia que acallan los medios controlados por gobernadores.
Es una tendencia global inspirada en gobiernos adeptos a la nueva ola de militarización encubierta, en la que generales de diversos países (muchos de ellos prohijados por Washington y su intervencionismo), se han convertido en asesores presidenciales que, en aras de proteger la Seguridad Nacional, pretenden desarticular a las instituciones que defienden el Estado de Derecho, el debido proceso y los Derechos Humanos.
No importa si estas instituciones son firmes como la norteamericana y británica o débiles como la mexicana, venezolana o rusa. Ahora más que nunca la libertad de expresión e información, pilares de las demás libertades, necesitan de las redes de activistas y periodistas unidas, sólidas, conectadas e informadas.
Es importante trabajar estratégicamente en la construcción de la paz, contra el armamentismo que precisa de guerras para propagar su jugoso negocio.
Mientras los más poderosos líderes de sistemas políticos pretenden involucrarnos con sus técnicas distractoras en batallas violentas, mortíferas, que no hacen sino desatar la ira y las pugnas fútiles por el poder político temporal, nuestras libertades pierden peso.
Las guerras tienen como propósito desestabilizar a las comunidades para que éstas acepten que el Estado asuma cualquier medida para imponer la paz que él mismo perturbó.
Los sistemas políticos están en una crisis por obsolescencia que hace a sus actores más arrogantes que nunca. La arrogancia impulsa a la imposición y el silenciamiento de la disidencia. Por eso la disidencia, ahora más que nunca, necesita unirse a la libre información.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
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