Luego de que la Auditoría Superior de la Federación confirmó el desvío de 33 millones que el grupo Provida recibió de la Secretaría de Salud, los dos obispos de Chiapas, Rogelio Cabrera López y Felipe Arizmendi Esquivel, consideraron en que las autoridades deben de actuar en caso de que se compruebe responsabilidad.
El Obispo de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez y Administrador Apostólico de la Diócesis de Tapachula, Rogelio Cabrera López, dijo que aún cuando Provida es una organización cercana a la iglesia la ley es para todos.
En ese sentido, el obispo católico apuntó que «todos debemos ser medidos con la misma medida y si a alguien se le exige hay que exigirle a todos, entonces todos tenemos que pasar por la misma báscula de la ley».
Para el Obispo de San Cristóbal de las casas, Felipe Arizmendi Esquivel, en caso de haber malversación de los recursos -que inicialmente se destinarían a programas de prevención contra el VIH-SIDA- debe procederse penalmente contra quienes resulten responsables.
Si efectivamente se comprobara que hay responsabilidad en malversación de fondos, agregó, obvio se tendría que proceder conforme a la ley, aunque sostuvo que espera lo contrario, y que espera que detrás de esta investigación no esté una campaña contra Provida y la iglesia.
La Auditoría Superior de la Federación informó en días pasados que encontró irregularidades en el 90 por ciento de los 33 millones de pesos que les fueron otorgados vía Beneficiencia Pública de la Secretaría de Salud a la conservadora organización Provida.
2005/CR/SJ
