Al objetar la iniciativa y reservarse 19 artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada este jueves en lo general por el Senado de la República, las y los legisladores panistas están objetando toda la ley, señaló la ex diputada feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta en la pasada Legislatura de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana.
La Ley fue aprobada por unanimidad, con 105 votos a favor, y es la primera en su tipo en México. Pero el pleno acordó postergar para el próximo martes la votación, en lo particular, de 19 artículos que fueron impugnados por el Partido Acción Nacional (PAN).
Al respecto, en entrevista telefónica con Cimacnoticias, Marcela Lagarde, principal promotora de la Ley, informó que esta aprobación en lo general es el resultado de un arduo trabajo del movimiento feminista así como de las diputadas de la LIX Legislatura «las cuales elaboramos esta iniciativa de ley durante más de dos años y fue aprobada en abril del año pasado en la Cámara de Diputados por unanimidad, en un gran acuerdo parlamentario de todos los grupos políticos de la Cámara».
Luego de resaltar que la violencia feminicida en nuestro país es muy grave, Lagarde señaló que fue «todo este cuadro (de violencia en varios estados de la Republica, no sólo en Ciudad Juárez) el que nos llevó a cumplir con nuestra obligación como legisladoras, para dotar al Estado mexicano de este instrumento jurídico. Logramos hacer avanzar la propuesta de ley y estoy segura que fue uno de los pocos y grandes acuerdos de todas las fuerzas políticas en la LIX Legislatura».
Entre las comisiones que participaron en impulsar esta nueva legislación en la anterior cámara de diputados están la de Equidad y Género; la Especial de Niñas, Niños, Adolescencia y Familias, y la Especial de Feminicidios y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
De aprobarse esta nueva legislación, aprobada en lo general el jueves, México sería el segundo país, después de Venezuela, que tipifica la violencia en América Latina. España se ubica a la vanguardia en legislación sobre violencia contra las mujeres en el mundo de habla hispana.
Al pasar al Senado, en la pasada legislatura, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia quedó detenida en la primera lectura. Sólo faltaba una segunda lectura y su aprobación definitiva. Y fue hasta ayer que el pleno del Senado retomó la discusión. Aún cuando el PAN planteó su acuerdo con la ley, objetó 19 artículos, las y los integrantes de los otros partidos coinciden en avalar su aprobación.
LAS OBJECIONES PANISTAS
Uno de los puntos fundamentales de la Ley es que busca lograr la seguridad de las mujeres manteniendo sus libertades y contiene un conjunto de medidas de protección para las víctimas.
Pese a ello, resaltó Marcela Lagarde, el PAN objeta algunas de estas medidas de protección para las víctimas y argumenta que son «violatorias de las garantías individuales, de hecho en la Cámara tuvimos un cuidado enorme de no plantear nada que fuera anticonstitucional o inconstitucional, por el contrario, plantemos el valor importantísimo de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres».
Entre las objeciones del PAN, agrega, «está el viejo argumento que opone las garantías de los agresores a las garantías de las víctimas, este es un primer punto de no coincidencia, a partir de esto eliminan una serie de medidas de protección o las ponen en tela de juicio».
Para Lagarde, «ese es el asunto clave de esta ley, que por primera vez en la historia de nuestro país estamos construyendo un instrumento jurídico para garantizar el derecho humano de las mujeres a la vida sin violencia».
Lo cual implica, subraya, garantizar su seguridad, evitar las situaciones de riesgo y desde luego que el Estado sea capaz de crear las medidas para colocar a las mujeres en una situación de seguridad y libertad, «ese es el tema y ese es el gran debate».
Me parece que si las y los panistas objetan este punto pues están objetando toda la ley, insistió.
Otro punto en desacuerdo es la creación de la alerta de género, similar a las alertas por fenómenos naturales –sismos, huracanes–, la cual consiste en una serie de acciones en los tres niveles de gobierno en casos como los asesinatos seriales de mujeres en Ciudad Juárez y en el Estado de México.
COMBATE A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES
La ley tiene varios aportes sustantivos, uno de ellos es que busca integrar la prevención como un aspecto fundamental, «como una obligación del Estado prevenir la violencia contra las mujeres», enfatizó la feminista y antropóloga Marcela Lagarde.
De la misma manera, informó, esta ley tiene como propósito enfrentar «ya con una verdadera política de Estado el gravísimo problema de la violencia de género contra las mujeres en México», la cual alcanza niveles extraordinarios en todos sus tipos.
«Atendiendo a esta gravedad del problema, plantea una política integral de Estado desde el gobierno federal hasta los municipios, para articular acciones con perspectiva de género, integrales, con la finalidad de evitar que hayan vacíos como hasta ahora, en que las distintas autoridades omiten acciones porque consideran que la violencia no es un asunto de su competencia, este es el sentido de la ley», puntualizó.
Lagarde y de los Ríos informó que desde hace más de dos años se encuentra trabajando para que esta ley sea aprobada y que continuara haciéndolo. «Lo hice primero como parte del movimiento feminista, luego como diputada y ahora como ciudadana. Pondré todo mi esfuerzo para tratar de que esta ley se apruebe por unanimidad».
Destacó que de ser aprobada esta nueva ley el próximo martes, el primer impacto inmediato sería en la Cámara de Diputados, la cual tendría que impulsar el presupuesto necesario para articular las acciones necesarias para llevarla a cabo, «es por ello urgente que sea aprobada el próximo martes».
06/GT/CV/GG
