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Observatorio del Feminicidio exige alerta de género en zona Triqui

Los familiares de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras y reporteras triquis de la radio comunitaria La Voz que rompe el silencio, asesinadas el pasado 7 de abril en Putla de Guerrero, Oaxaca, no acudirán a la Ciudad de México a recibir el Premio Nacional de Periodismo que les fue otorgado post mortem a las comunicadoras, pues “tienen miedo” de las repercusiones que podría acarrearles en su comunidad recibir el galardón.

Así lo informó David Peña Rodríguez, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), y detalló que será Jorge Albino, responsable de la emisora, quien acudirá el próximo 15 de mayo al Palacio de Bellas Artes, para recibir en nombre de los familiares de Teresa y Felícitas el premio, consistente en un diploma, 50 mil pesos y una escultura de Juan Soriano, mismos que llevará a los deudos de las comunicadoras en San Juan Copala.

El abogado Peña Rodríguez, quien lleva el caso de las dos mujeres triquis y es asesor jurídico del Sistema de la Red de Radio y Televisión Indígena del Sureste Mexicano, reveló que los recientes encuentros que han tenido los familiares de Felícitas y Teresa con el Gobierno de Oaxaca y la dirigencia de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) han obstaculizado el acercamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Espera, sin embargo, que ninguna de las autoridades públicas vaya a influir en ellos para rechazar el galardón.

Peña Rodríguez afirmó que el Premio Nacional post mortem es un reconocimiento a la labor de Felícitas y Teresa en el Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala y a las radios comunitarias. Y en ello coincidió Omar Esparza, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), quien agregó que es de trascendencia para todos aquellos que se comprometen con sus comunidades a realizar un trabajo de difusión de sus derechos. El galardón, dijo, pondrá a los ojos del mundo la labor social de emisoras comunitarias y constituye un “espaldarazo importante para las radios comunitarias del país”.

ZONA DE RIESGO

Informó también el abogado que las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendadas a las autoridades del estado en favor de menores de edad y jóvenes integrantes de La Voz que Rompe el Silencio, del Ayuntamiento Autónomo de San Juan Copala, aún no se ejecutan por la violencia que se vive en la región triqui y, porque las corporaciones policíacas no pueden entrar por miedo a ser asesinados.

Ante esta situación de violencia latente en la región, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio urgió a Secretaría de Gobernación a emitir una declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad Triqui en el estado de Oaxaca.

Exigen también al Congreso de Oaxaca legislar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tomando en cuenta que según diversas investigaciones Oaxaca es uno de los estados de la República Mexicana con más violencia hacia las mujeres.

La Encuesta Nacional sobre violencia 2003 realizada por el Instituto Nacional de Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática corrobora esta situación, señala el Observatorio.

Oaxaca es la entidad de la República donde 75 por ciento de las mujeres (encuestadas en 2003) dijeron haber sufrido violencia. El número más alto en todo el país. Ocupa el primer lugar de casos de mujeres que sufrieron violencia con la pareja, con diez puntos porcentuales por arriba de la prevalencia nacional. Tiene además, el primer lugar de prevalencia de violencia sexual.

De igual forma, explica el comunicado, se ha documentado que existen zonas en el estado donde las mujeres se encuentran en mayor riesgo para su integridad y seguridad. Un ejemplo de esto es el contexto político de la región Triqui, uno de los más complicados por las continuas disputas políticas de grupos dirigidos por hombres.

Las mujeres son tomadas como un botín político y son quienes pagan de manera cruel las rencillas entre estos grupos; no existe respeto alguno a los derechos humanos y derechos de las mujeres. Esta situación se ve reflejada, a través de violaciones sexuales y desapariciones forzadas. Lamentablemente, dentro de sus costumbres, estos hechos pueden ser reparados a través del matrimonio entre el agresor y la agraviada o por medio de una indemnización económica.

Organizaciones de la sociedad civil, detalla el comunicado del Observatorio, han dado seguimiento y acompañamiento a varios casos. Por ejemplo, las denuncias por violación sexual de las que han sido víctimas Lucía, de 14 años y Juanita, de 16, así como las desapariciones de las hermanas Ortiz Ramírez, quienes fueron vistas por última vez dentro de una camioneta, en donde iban vendadas de los ojos. Los familiares de las víctimas han recurrido ante las instancias de procuración de justicia del estado. Sin embargo, sólo se han topado con la inoperancia de las autoridades, colocando a las mujeres en un grave estado de vulnerabilidad e indefensión, señala el texto.

A pesar de los altos índices de violencia hacia las mujeres Oaxaca es uno de los 14 estados que aún no han aprobado la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ante la gravedad de esta situación, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se suman a la petición de las organizaciones de Oaxaca y enviará una carta a la Secretaría de Gobernación, con copia para la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres y a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), en la que hace un llamado urgente para que dicha Secretaría emita una declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad Triqui en el estado de Oaxaca.

Dentro del mismo documento, se exige que se generen los mecanismos necesarios para proteger la vida y la seguridad de las mujeres. Se enviará también una carta al Congreso de Oaxaca para exigir la urgente legislación de la ley antes mencionada, dando cumplimiento a la Ley General, en la que se especifica que los congresos locales deben adecuar sus legislaciones para ponerlas en el marco de la Ley General.

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