«Te sientes una mujer muy cabrona», le advierten hombres tipo guacho (soldado) a Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), en la Montaña de Guerrero, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó para ella y su esposo medidas cautelares.
Obtilia Eugenio, quien asumió su cargo desde el pasado 24 de enero, reconoce su temor ante las amenazas de muerte que ha recibido, sabe que autoridades, militares y caciques constituyen un peligro constante, y pese a ello asume con decisión su trabajo como lideresa de la OPIM en favor de los derechos humanos.
La OPIM fue fundada en 2002 y tuvo como antecedente la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, creada en 1994. Ha documentado y denunciado públicamente ante las autoridades correspondientes los atropellos del Ejército contra sus comunidades.
En 2002, la OPIM denunció las violaciones sexuales que soldados cometieron contra Valentina e Inés, indígenas me´phaas, quienes tuvieron que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de agotar las instancias de justicia nacionales.
También el asesinato de Lorenzo Hernández, miembro de la OPIM y pieza clave en la denuncia que Inés, su hermana, hizo por la agresión de los soldados. Y el caso de 14 indígenas esterilizados en la comunidad de El Camalote, así como el encarcelamiento de cinco miembros de la organización ligados a este último caso, bajo la acusación de matar a un informante del Ejército.
Sin embargo, dice Obtilia, el Gobierno de Guerrero busca cualquier pretexto para meter a la cárcel a miembros o dirigentes de las organizaciones que defienden los derechos de sus comunidades, como los compañeros de la OPIM, encarcelados injustamente, a quienes Amnistía Internacional reconoce inocentes. Pese a todo, reconoce ella, aún no se ha castigado a ningún militar.
SIN PROTECCIÓN
Obtilia y su esposo, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, anterior presidente de la OPIM, cuentan con medidas cautelares por parte de la CIDH debido a las reiteradas amenazas de muerte de las que han sido objeto, la más reciente en este mes.
Sin embargo, las advertencias continúan, asegura Obtilia; «el gobierno no ha dado seguimiento a las medidas para que se lleven a cabo y entonces no cuento con ninguna seguridad».
«He denunciado, he dicho el nombre de la persona que me amenaza y su domicilio, el paramilitar Alfonso Morales Silvino, pero las autoridades no hacen nada, la policía en vez de investigarlo a él, van a las casetas y les preguntan: ‘¿Conoces a Obtilia?, ¿qué hace Obtilia?, ¿dónde vive Obtilia?’. Pedí que investigaran a la persona que me amenaza, no a mí», reclama.
Y continúa, «el gobierno dice: ‘Obtilia no ha querido venir a declarar, no viene a denunciar, no trae pruebas’. Qué más pruebas quieren que el nombre y domicilio de la persona que me ha estado amenazado, luego dicen que son problemas entre familias, pero yo sé perfectamente que es guacho (militar).
Me siento perseguida y amenazada, destaca Obtilia, me sigue un carro con dos personas, como de tipo guacho con sus gorras, con botas y lentes oscuros y me dicen: «Te sientes una mujer muy cabrona, Obtilia. De veras crees que eres una mujer que puede seguir denunciando, déjalo de hacer o te callamos».
«No soy profesionista —explica Obtilia— estudié sólo secundaria, no gano dinero por estar en la OPIM, no quiero tener un puesto para ganar más. En nuestro estado el gobernador y los políticos pelean porque quieren ganar 200 mil pesos al mes y un campesino a duras penas ve 5 mil al año. Soy una mujer que tiene una familia, tres niñas y un varón y lucha porque se le haga justicia a nuestro pueblo indígena».
Asumí mi responsabilidad como presidenta de la OPIM, dice la lideresa, «tengo que estar frente a todas y todos, hablar de los problemas que tenemos con los compañeros detenidos, seguir luchando por las necesidades que tenemos en las comunidades: obras, escuelas, médicos y proyectos para mujeres, pero no hay nada, los apoyos no llegan hasta nuestras comunidades, sabemos que hay proyectos, pero no para nosotras como mujeres indígenas».
TRABAJO EN EQUIPO
La OPIM está integrada por unos 200 miembros, de distintas comunidades, explica Obtilia. Tenemos siete comunidades de La Barranca, municipios de Ayutla y Acatepec. Es un logro para las mujeres que la presidenta sea mujer y otras cuatro sean parte del comité; hace tres años sólo éramos dos.
«Las mujeres —abunda— sabemos que tenemos derecho a decidir, podemos opinar y hablar, ya no es como antes que los maridos no nos dejaban hacer nada, pero ahora gracias al trabajo que venimos haciendo es diferente, ahora la mujer y el hombre tenemos voz y voto, somos iguales».
«Dicen que hay una Secretaría de la Mujer en el estado, pero nunca han venido a darnos apoyo o un proyecto, cuando nos llegamos a enterar y entregamos lo que se pide, nos dicen ‘te falta estos datos’, ‘tienes que traer tales folletos’, y muchos trámites que no sabemos».
La OPIM, puntualiza Obtilia, nunca ha tenido apoyo del gobierno, «no sé por qué anuncian en la tele que tienen muchos programas para ayudar a la gente. Dice que somos flojos y no queremos trabajar y eso no es cierto, es el gobierno el que no se ha preocupado por crear trabajos, por eso tanto mujeres como hombres salen de sus comunidades a otros lados para buscar trabajos, se van a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida».
«Yo le digo a la gente de la OPIM que si tenemos armonía y organización en nuestra casa, los trabajos que realizamos van a tener mejores resultados, podemos hacer muchas cosas juntos, porque yo sola como presidenta no puedo, debemos apoyarnos para lograr lo que queremos: justicia para nuestros pueblos», concluye.
09/STP/GG
