El enfoque de género que últimamente se está incorporando a las políticas públicas de tierra en Guatemala busca cumplir con requisitos de organismos financieros y cooperantes; aunque esa decisión carece de una convicción política, declaró Claudia Gaitán, especialista en el tema.
Durante un evento referido a la desigualdad de las guatemaltecas para tener acceso al recurso de la tierra, el Proyecto Equidad de Género de este país centroamericano organizó los Acuerdos de Paz, coordinados por la asesora alemana Inés Rummel.
A raíz de las ocupaciones de fincas que iniciaron el 17 de abril pasado y hasta el momento suman 50, en las cuales han participado importantes conglomerados femeninos ya que 65 por ciento de la población habita en áreas rurales, se han organizado diversos debates en torno a la problemática de la tierra.
Como parte de los problemas estructurales, la antropóloga Gaitán resaltó la subvaloración del trabajo de las guatemaltecas en el agro, las cuales trabajan entre 15 y 17 horas diarias y, además, padecen discriminación pues durante tres décadas los programas de adjudicación de tierras del Instituto de Transformación Agraria sólo han registrado ocho por ciento de beneficiarias.
Otra de las panelistas fue Maité Rodríguez quien, al analizar el tema de la seguridad en la tenencia de la tierra, señaló que después de la firma de la paz (en diciembre de 1996) se constituyó el Fondo de Tierras que establece la copropiedad para mujeres y hombres con hijos.
Sin embargo, dijo, únicamente se ha abordado el objetivo del problema, que se concreta en las instituciones y aspectos legales; pero «la dimensión subjetiva se trabaja poco», enfatizó.
Por lo mismo, Rodríguez propuso abordar los aspectos subjetivos, referidos al acceso y control de la tierra, vinculados con el empoderamiento y autoestima de las mujeres; «a su vez tiene que ver con la ciudadanía y la relación con el territorio», precisó.
En opinión de ambas especialistas, es necesario continuar el intercambio de opiniones a fin de lograr para las guatemaltecas el acceso a los recursos sin tener que estar mediados por esposos o compañeros de vida; lo mismo que una mayor coherencia entre las políticas públicas, el reconocimiento a la propiedad como un derecho humano y el cuestionamiento a la situación de desigualdad y discriminación que vive la población femenina rural.
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