Por primera vez, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó que la violencia contra las mujeres periodistas tiene particularidades debido a las construcciones sociales de género, y la discriminación a la que tradicionalmente han estado sujetas las mujeres.
La relatoría destacó que –como lo señala el “Informe diagnóstico. Violencia contra mujeres periodistas. México 2010-201”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)– la violencia contra las periodistas abarca asesinatos, violencia sexual, acoso sexual, intimidación, abuso de poder y amenazas basadas en el género.
En su informe anual 2013 presentado este 23 de abril en Washington, el organismo dijo que las mujeres periodistas corren peligros adicionales, como ya lo afirmó el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue.
Según Naciones Unidas, las periodistas corren riesgos como la agresión sexual, la violencia sexual de multitudes contra periodistas que cubren acontecimientos públicos, o el abuso cuando se encuentran en detención o cautiverio, ello debido a la existencia de “poderosos estigmas culturales y profesionales”.
La relatoría de la OEA coincidió con el informe de la ONU en el sentido de que las agresiones diferenciadas contra las mujeres periodistas no se dan a conocer porque se consideran normales, y por tanto consideró que al implementar medidas para hacer frente a la violencia contra el gremio periodístico hay que tener en cuenta las cuestiones de género.
Según la relatoría, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce que la violencia basada en género es una de las formas más extremas y generalizadas de discriminación, la cual impide y anula de forma severa el ejercicio de los derechos por parte de las mujeres, entre ellos el derecho a la vida y la integridad personal.
La relatoría señaló que poco se ha documentado sobre la situación de las mujeres periodistas y la violencia a la que se enfrentan por el ejercicio de su profesión en América, ya que no existen estudios regionales o locales exhaustivos y los datos existentes no reflejan la amplitud del problema.
Para el organismo, la falta de estudios es consecuencia de la precariedad y la ausencia de coordinación en los sistemas de información para obtener estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres, lo que es un obstáculo relevante para examinar causas y tendencias del fenómeno.
En ese sentido, dijo que entre los desafíos en el acceso a la justicia para las periodistas están la ausencia de estudios o estadísticas sobre la prevalencia de la violencia, el alto subregistro y la falta de denuncia de incidentes debido a la estigmatización asociada a estos actos y acciones de represalia de los agresores.
La relatoría destacó que resultados preliminares de la primera encuesta mundial sobre la materia, realizada en 2013 por organizaciones civiles en colaboración con la UNESCO, revelan que las periodistas son víctimas de intimidación y amenazas, violencia y acoso sexual, y “cyber-bullying”, entre otros ilícitos.
En este contexto destacó que en México desde hace unos años organizaciones como CIMAC han emprendido esfuerzos importantes para documentar la situación de las periodistas, pero criticó que esta violencia permanezca “invisible e inaudible para muchos” o reciba un “trato negligente, poco uniforme y equitativo”.
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